Esta semana se inauguraron inconclusas las obras del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) como parte de los megaproyectos estratégicos de la actual administración, tras casi tres años del anuncio de inicio de obras en abril de 2019, luego de que el entonces presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, decidiera cancelar la construcción del que sería el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en Texcoco.
Sin duda, se trata de uno de los temas que más ha generado polémica en lo que va del sexenio por la inevitable politización que se le ha conferido en lo discursivo desde el Ejecutivo federal. Mucho se ha debatido sobre el proyecto, su viabilidad, las certificaciones nacionales e internacionales, espacios aéreos, infraestructura, costos, entre otros. Representa el choque de dos visiones contrastantes mas no necesariamente contradictorias y que comparten más similitudes de las que se quisiera admitir.
Por una parte, la posibilidad de colocar al país como un hub aeroportuario de desarrollo que conecte Norte y Sudamérica con el resto del mundo y con ello incrementar nuestra competitividad internacional y, por otra parte, la de destinar un proyecto “de y para el pueblo”, a partir de la militarización discrecional de actividades de la vida nacional ajenas a las relacionadas con la salvaguarda de soberanía.
Ahora bien, en lo único en lo que ambas visiones coinciden es en que el Aeropuerto Internacional Benito Juárez está rebasado en sus capacidades desde hace más de 20 años y que es imprescindible transitar hacia alternativas en el corto, mediano y largo plazos. A diferencia de lo que se tenía proyectado con el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAIM), le tomará décadas al AIFA alcanzar el nivel de operaciones y la carga aeroportuaria suficiente para convertirse en parte de esa solución tan necesaria, independientemente de que su proyección no se comparará con el proyecto cancelado de Texcoco, además de que se tendrían que rehabilitar otras opciones como en algún momento fue el aeropuerto de Toluca.
Asimismo, como ciudadanos deberíamos interesarnos también, como en cualquier obra de infraestructura, en su éxito en materia económica. El Presidente se ha dedicado a criticar sistemáticamente los sobrecostos en el gasto público durante administraciones pasadas, sin embargo, pareciera que poco importa que en este aeropuerto la obra no le estará costando a los mexicanos alrededor de 75 mil millones de pesos, como él adelantó, sino que, para febrero de 2022, la cuenta pública registraba casi 116 mil millones de pesos, un sobrecosto de más de 54% de la cifra anunciada en un principio, sin sumar los costos por cancelación del NAIM, el cual asciende a 331 mil millones de pesos.
De igual forma, se declaró que esta obra de infraestructura será rentable a partir de 2026, lo que significa que se estará financiando no con deuda privada, sino pública, además de que el impuesto por uso de aeropuertos está destinado para pagar los rendimientos de los fondos y bonos caídos, tras los litigios derivados de la cancelación del NAIM.
Finalmente, otras prácticas que el AIFA presentó fue la contratación casi completa de contratos sin licitación con proveedores sin experiencia o carentes de infraestructura o instalaciones suficientes, en donde, de acuerdo con MCCI, se desconoce el destino de 3 de cada 4 pesos utilizados en la obra. Son diversas las similitudes y contradicciones entre el aeropuerto cancelado y el militar en Santa Lucía, más de las que quiere reconocer el gobierno federal.