Prohíben Uber y Didi en el Aeropuerto CDMX

Se privilegió un acuerdo clientelar que abandona el interés público. 

 En los días y horarios de mayor tráfico aéreo se podrá advertir evidentemente que el servicio de los taxis concesionados del aeropuerto son insuficientes para dar una atención eficaz a los miles de usuarios que, después de arribar al aeropuerto, pretenden llegar a sus casas o a su destino final. 

El Presidente ha dicho: ahora no nos vengan con el cuento de que “la ley es la ley”. El argumento de que el aeropuerto es una zona federal, y que el servicio de transporte sólo se puede proporcionar por los taxis concesionados, violenta el interés público de los usuarios del aeropuerto, si dichos concesionarios no tienen el número suficiente de vehículos para satisfacer las necesidades del servicio público. 

 Ante esta situación se pudo otorgar la concesión correspondiente, con las condiciones que fueren necesarias para proteger las fuentes de empleo de los actuales taxis concesionados y, a la vez, garantizar a los usuarios del aeropuerto de la CDMX el ejercicio de su derecho a acceder a un medio de transporte eficaz, como las que proporcionan los servicios de transporte de las diferentes plataformas digitales. 

En los días y horarios llamados de mayor afluencia (que ya es casi siempre) podrá advertirse el desbordamiento de las enormes filas para poder acceder al servicio de taxi concesionado, con múltiples problemas que se generarán por la saturación de personas en esos espacios del aeropuerto ya rebasados. 

Esta situación forma parte de una serie de acciones que se han implementado para favorecer un proyecto que resulta a todas luces insuficiente y que terminará como un símbolo de la ineficiencia administrativa del actual gobierno. 

 Hace unos meses se informó de la modificación de las rutas aéreas para llegar y salir del AICM, con motivo del inicio de operaciones del AIFA. Esta situación ha generado diferentes problemas a los pilotos, controladores de vuelo y, sobre todo, a los pasajeros, debido a la complejidad y elevado número de vuelos en el aeropuerto de una de las capitales con el mayor tráfico aéreo del mundo. 

 Por si ello fuera poco, se ha anunciado que en breve se realizarán obras de mantenimiento a una de las pistas de dicho aeropuerto, lo que complicará aún más la situación. 

Todo ello podría considerarse normal con motivo de la “inauguración de un nuevo” aeropuerto que sustituirá a nuestras ya sobresaturadas instalaciones aeroportuarias en la capital metropolitana. Sin embargo, el supuesto “nuevo” aeropuerto no sustituye ni podrá resolver la grave crisis aeroportuaria que la más importante ciudad del país está enfrentando. 

 Una vez más se colocan los intereses político-electorales por encima de la atención de los problemas y necesidades de la sociedad. Se tomó una decisión electorera de cancelar una de las inversiones público-privadas más importantes de las últimas décadas, como era la creación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, bajo el supuesto pretexto de un plebiscito, en el que participaron personas que muy probablemente nunca o casi nunca utilizarían el aeropuerto y sin garantías de llevar a cabo un ejercicio profesional de consulta popular. 

 Se pretende que los usuarios del aeropuerto de la CDMX utilicen las instalaciones del AIFA, sin embargo, los inconvenientes de aquel lugar aún no han sido superados, como son las autorizaciones de las autoridades internacionales de aeronáutica. 

 Pero no se resuelve lo básico, como es el tema de la gravísima complejidad para llegar a tiempo a los vuelos, pasando por lo que es un verdadero cuello de botella, como la vialidad de Insurgentes norte a la altura de Indios Verdes, la cual es una de las paradas más congestionadas de la CDMX. 

Más adelante, la autopista hacia Pachuca, Hidalgo, que no sólo es una vialidad ya congestionada y superada en horarios “pico”, sino que el transporte de los camiones de carga hacen aún más lento y complicado el arribo y salida al AIFA. 

 Una vez más, la improvisación administrativa está afectando a miles de personas, además del grave efecto que está teniendo en los inversionistas que podrían impulsar el desarrollo y crecimiento económico de nuestro país. Menos crecimiento, mayor inflación, menos empleos de calidad.