No conformarnos con distractores
Requerimos de una sociedad despierta, que se informe de manera integral y consciente, para discernir entre lo trascendente y lo llamativo, pero insignificante. Ante el cúmulo de noticias que conocimos la semana pasada, las verdaderamente alarmantes resultan ser las medidas que emprendieron algunos integrantes del grupo en el poder en contra de las garantías constitucionales.
Por una #SociedadHorizontal. Por una #NuevaRepública
Se ha dicho que Hernán Bermúdez Requena, quien fuera secretario de Seguridad Pública en Tabasco, salió del país el 26 de enero pasado; también se anunció que es buscado por la Interpol en 190 países. Sin embargo, otras versiones afirman que pudo haber fallecido el pasado 17 de julio de 2025. El exfuncionario enfrenta una orden de aprehensión por presuntos vínculos con la organización criminal La Barredora, ligada al CJNG, que asedia ferozmente a dicho estado desde hace varios años.
De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, del 2019 —cuando Bermúdez Requena asumió el cargo— a la fecha, los homicidios dolosos en la entidad aumentaron 31%; los secuestros, 34%; las extorsiones, 28%, y el narcomenudeo, 219 por ciento. Según cifras del Inegi, en abril pasado, Villahermosa ocupó el primer lugar en percepción de inseguridad, por arriba de Culiacán y Fresnillo. Adicionalmente, el robo de combustible en Tabasco se ha disparado. Este año suman 16.8 millones de litros, con lo que se consolidó como uno de los principales centros de venta y distribución del llamado huachicol.
Dado que Bermúdez llegó a dicho cargo durante la administración del actual coordinador de los senadores de Morena, cabe preguntarse si el inusitado revuelo que ha tenido la noticia, ¿se trata realmente de una cruzada contra el crimen? ¿O es simplemente un conflicto político al interior del grupo gobernante? ¿Es el señalamiento a Bermúdez Requena un intento real por acabar con la corrupción política y la consecuente inseguridad que por ella impera en el país? ¿O sólo la presentación del “eslabón —actualmente más débil— de la cadena”, que el gobierno mexicano pretende entregar como “tributo” a la administración estadunidense, frente a su nueva amenaza por imponer aranceles de 30 por ciento? ¿Acaso el gobierno mexicano usará el tema “Tabasco” para atajar la narrativa imperante sobre el narcogobierno? Veremos.
Al promulgar la nueva ley contra el fentanilo, Donald Trump aseguró que “los cárteles del narcotráfico ejercen un control tremendo sobre México y sobre sus políticos”, sin embargo, más allá de la tensión bilateral, ¿cómo sociedad, estamos conscientes de lo enraizada que está la actividad criminal, los cuantiosos recursos que maneja y la penetración que alcanza en la sociedad?
No sólo se trata del tráfico de fentanilo, tan sólo la semana pasada se publicó que la Agencia Nacional de Aduanas de México ha asegurado alrededor de 50 millones de litros de diésel que se ha intentado introducir ilegalmente —sin pagar impuestos— al país en los últimos cinco años. Esta práctica, conocida como “huachicol fiscal”, ascendió a 2,320 mil millones de dólares en 2024. Por otra parte, aunque se han destinado recursos para atender “las causas” y evitar que los jóvenes caigan en actividades delictivas, el Inegi confirmó que alrededor de 33 mil adolescentes fueron imputados en 2023 por la presunta comisión de algún delito, lo que representa un 45% más que en 2021.
Sobre el caso Tabasco, no deberíamos conformarnos con una narrativa que parece más un desajuste de la clase política que una intención real de resolver las cosas de fondo. No nos distraigamos.
Hoy más que nunca, requerimos de una sociedad despierta, que se informe de manera integral y consciente, para discernir entre lo trascendente y lo llamativo, pero insignificante. Ante el cúmulo de noticias que conocimos la semana pasada, las verdaderamente alarmantes resultan ser las medidas que emprendieron algunos integrantes del grupo en el poder en contra de las garantías constitucionales de información y expresión.
Recordemos que, por un lado, una jueza de control prohibió al periodista Jorge Luis González Valdez referirse a la gobernadora Layda Sansores y ordenó que haya interventores que revisen qué puede publicar el diario Tribuna y que no. Por otro lado, tengamos presente que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), por supuesta “violencia de género”, obligó a una ciudadana a ofrecer disculpas por 30 días a una diputada federal (“Dato Protegido”), después de haberla criticado en redes. Ambas son decisiones que golpean de raíz la libertad y la verdad que deben imperar para corresponsabilizarnos en resolver los problemas que nos aquejan.
La #SociedadHorizontal debe levantar la voz y exigir un alto inmediato a estos terribles excesos; de continuar con ellos, se reproducirán anárquica y exponencialmente los “dictadorzuelos” entre quienes pretenden gobernarnos. El surgimiento de una #NuevaRepública depende de ello.
