¿Negociar con criminales?

Gran revuelo causó la declaración hecha por parte de Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, quien la semana pasada, cuando se le preguntó sobre los grupos del crimen organizado en Guerrero, dijo: “Estamos dialogando ahorita con muchos grupos y nos han manifestado que ya no quieren seguir en esta violencia, que ellos quieren deponer las armas y caminar hacia la paz". En su participación en un evento de la Secretaría de la Función Pública había comentado que “son varios grupos, de diversos estados del país… al final del día, han estado cometiendo homicidios unos contra otros, ya no quieren más muerte".

Posteriormente, a través de su cuenta de Twitter, la propia Segob explicó: “Estos dichos son producto de una lamentable edición de declaraciones vertidas el día de hoy por la secretaria de Gobernación, en las que expresó la voluntad de diálogo con auténticas organizaciones de autodefensa, para alcanzar la pacificación de algunas zonas del país, el desarme de esas organizaciones y de quienes las integran, para beneficio de sus comunidades y municipios”.

Acto seguido, el gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca, aseguró que el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, tuvo una reunión el pasado 1 de agosto con la Columna Armada Pedro J. Méndez, un grupo que se armó en municipios como Hidalgo, Tamaulipas, y que está asociada con el Cártel del Golfo. “Lo que se están disputando es un botín, el tráfico de drogas, el tráfico de armas, el contrabando, el combustible… casualmente, todos los delitos federales, ¿qué es lo que se está negociando a cambio?, ¿qué es lo que se le va a dar?”, cuestionó el gobernador.

Posteriormente, Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, comentó sobre la presencia del mismo subsecretario en su estado, quien asistió para reunirse con comunitarios y dar el banderazo de arranque de la construcción de una empresa: “Me da mucho coraje que se reúnan con los que ultrajaron a los soldados en La Huacana. Premiarán a delincuentes, hoy viene el licenciado (Ricardo) Peralta a darle dinero a los delincuentes”.

Fue el presidente AMLO quien tuvo que aclarar, tajantemente: “No se tiene diálogo con bandas del crimen organizado… no tenemos esa relación”. También descartó validar la autodefensa y dijo que “es el Estado el que tiene que garantizar la seguridad pública”. Después de la indicación del Ejecutivo federal se anunció que los diálogos que mantenía la administración federal con grupos de autodefensas, con el objetivo de pacificar algunas regiones del país, quedaron cancelados.

Frente a estos hechos, preocupa que haya sido la propia Segob la que, con la intención de atemperar positivamente el hecho, dijera que “no se trataba de grupos criminales, sino de autodefensas”. Lo anterior debido a que es ampliamente sabido que, en la gran mayoría de los casos, las “autodefensas” se convirtieron en delincuentes que utilizaron dicho nombre para disfrazar u ocultar sus actividades delictivas, especialmente contra grupos contrarios. ¿Ignoran esto en Bucareli?

Otro aspecto alarmante que demostró este episodio fue la falta de coordinación prevaleciente en una materia sumamente sensible. Por un lado, evidenció ausencia de comunicación y trabajo conjunto con los gobiernos estatales. Pero, también, los hechos reflejaron la poca cohesión que prevalece en el gobierno de la República en esta materia.

Vuelve a resaltar, como desde hace una década, la precariedad de nuestra posición de Estado en el tema de la seguridad. Carecemos aún de una política clara y transparente, que atienda la problemática prevaleciente en amplias regiones del país, donde grupos delictivos mantienen superioridad de poder y fuego frente a autoridades locales, estatales y federales.

Sirva este penoso capítulo para recordar, nuevamente, lo que aquí hemos repetido en varias ocasiones. La única forma en que podremos recuperar la seguridad y disminuir la violencia en el país es involucrándose y coordinándose con las entidades federativas, garantizar recursos por parte de la Federación para invertir en capacidades humanas, materiales y financieras de las policías en estados y municipios. Por encima de declaraciones “pegadoras”, la verdadera política de pacificación en México pasa, primero que nada, por recuperar el monopolio de la fuerza que hoy tiene perdido el gobierno.