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Cuando uno busca en el diccionario la palabra “chayote”, en su acepción directa con los llamados “medios de comunicación”, se encuentra con que “es un término coloquial que se refiere al soborno, ya sea en dinero o beneficios, que reciben los periodistas o comunicadores por parte de gobernantes, políticos o empresarios. El intercambio es sencillo. A cambio del “recurso” que recibe, el involucrado se compromete a publicar información favorable hacia quien le paga, ignorar escándalos o críticas e incluso atacar a los adversarios, regularmente del poder en turno.
El origen del concepto es incierto, no obstante, es una expresión ampliamente asociada con el sistema de partido único que imperó a lo largo de décadas en el país, donde la relación con “la prensa” siempre fue de sometimiento y escasa libertad. A lo largo de la historia sobran ejemplos de esa relación pervertida. Desde el “no pago para que me peguen” de José López Portillo hasta el “yo soy un soldado del presidente” con la que Emilio Azcárraga se ufanaba del rol que jugaba su empresa en el sistema político priista. En mayor o menor medida, en México el poder siempre ha buscado “apoyar” a quienes se alinean con él y “acallar” a quienes no lo hacen. En ese “tango de dos” sobran ejemplos en los que medios, dueños y colaboradores se han prestado al juego. Sin diferenciar entre partidos políticos, salvo contadas excepciones —con respecto a la relación con el gobierno—, la libertad de expresión ha estado limitada.
La discusión surgida por la presentación de los nuevos lineamientos de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión en materia de derechos de las audiencias y sometidos a consulta pública forma parte de la hipocresía que ha caracterizado al régimen actual. En voz de la Presidenta, critican que existen medios que recibían dinero en el pasado y también se alarma de que existen quienes golpean al gobierno porque no lo reciben. Aducen que los ataques contra la autoridad, se deben a que “se les terminaron los privilegios”. Todo esto seguramente es cierto, pues ha sido parte de la cultura nacional.
No obstante, lo que no dicen los “cuatroteístas” es que ellos también echan mano de esas viejas prácticas en su propio beneficio. “Gatopardean”, es decir, hacen como que todo cambia para que todo siga igual, pero ahora en su beneficio. Además de los “convenios” que de forma poco transparente han marcado la relación con los medios tradicionales, organizaciones como Artículo 19 han expuesto, a través de sus informes periódicos sobre publicidad oficial, la forma en que se han mantenido esquemas de asignación discrecional y concentrada desde la Coordinación de Comunicación Social en Palacio Nacional.
Colectivos como Fundar y Política Colectiva han documentado contratos de publicidad oficial asignados a distintos “influencers” y conductores de plataformas de internet que respaldan al régimen. En sus investigaciones han expuesto cómo estos “operadores” funcionan como una red de propaganda gubernamental que prioriza la defensa oficial y el ataque a periodistas críticos a cambio de convenios publicitarios o asignaciones discrecionales de recursos públicos. Se han exhibido adjudicaciones directas por parte del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR) para plataformas como InfodemiaMX, donde se han asignado recursos a militantes del partido oficialista para tareas de supuesta verificación de información que, en la práctica, opera como difusión de líneas gubernamentales.
Todo lo anterior junto con propuestas como la creación de una Defensoría de las audiencias, la exigencia de que los noticieros diferencien claramente entre la información noticiosa y la opinión del comunicador o condiciones más preocupantes, como la posibilidad de que dependencias como la Secretaría de Gobernación intervengan y suspendan transmisiones “si se determina un incumplimiento grave a los derechos de las audiencias”, han encendido alarmas en diversos sectores. No hay duda. El gobierno busca restringir las libertades de expresión y de acceso a información.
Aunque la cultura del chayote y la sumisión de comunicadores han imperado en el país desde hace décadas, hoy, 66 periodistas asesinados en tiempos de la 4T dan testimonio con sus vidas de que garantizar el conocimiento de “la verdad” es fundamental para confrontar marrullerías y cimentar la evolución real de nuestra sociedad. Nos recuerdan también que sobre dichas libertades descansa cualquier posibilidad de convivencia democrática. En esta coyuntura, resulta impostergable evitar que se mantengan los modelos del pasado. Debemos defender e instalar a plenitud estas libertades de una vez por todas.