CDMX: expansión urbana, siglo XX

Su primera transformación fue en 1856 y afectó la economía de indígenas y de la Iglesia.

La expansión urbana de la Ciudad de México ha sido un proceso que —con intensidad y escala progresivas— se inició desde la mitad del siglo XIX, con la colonia francesa, al sur-poniente de la Alameda. Esa primera operación inmobiliaria fue tan exitosa que el precio del suelo se elevó 60 veces en los siguientes 20 años (Quiroz Rothe H. / Lee Alardín G. Las ciudades modernas en Latinoamérica. UNAM, 2009, p.77-102).

Muchos tienen una idea equivocada sobre la expansión de nuestra ciudad, porque creen que es relativamente reciente. Sin embargo, su primera transformación fue a partir de la promulgación de la Ley de Desamortización de Propiedades de las Organizaciones Civiles y Religiosas (1856), que afectó la economía de comunidades indígenas y la de la Iglesia. La ley estableció que uno de los mayores obstáculos para la prosperidad y engrandecimiento de la nación es la falta de movimiento o libre circulación de una gran parte de la propiedad raíz, base fundamental de la riqueza pública.

Liberar esa enorme cantidad de bienes inmuebles revalorizó y encareció el suelo urbano; y promovió una fuerte actividad inmobiliaria que, de 1856 a 1910, desarrolló 21 nuevas colonias. Así se construyeron nueve al poniente y sur-poniente de la ciudad, y 12 en el norte y el oriente que, desde entonces, han conformado un poniente residencial —y un oriente pobre y sin servicios urbanos—. En ese lapso la superficie de la ciudad pasó de 1,360 a 2,400 hectáreas, lo que comprueba que su expansión ha sido —desde hace tiempo— acelerada y constante. Generó grandes ganancias, superiores a cualquier actividad productiva, y ha provocado la expulsión de la gente de menores ingresos hacia la periferia.

Sin embargo, el propósito de que la ley fuera la base fundamental de la riqueza pública no se cumplió, porque las ganancias inmobiliarias no beneficiaron al gobierno de la ciudad que —además— pagó y sigue pagando las grandes obras de infraestructura de nuevos desarrollos. Las ganancias fueron —evidentemente— para algunos funcionarios que aprovecharon su posición y experiencia para desarrollar fraccionamientos, o para otros que tenían amigos en el lugar correcto (Morales M. D. Francisco Somera: El 1er. fraccionamiento de la Ciudad de México 1840-1889, Siglo XXI, México, 1981).

Esa injusta repartición de la plusvalía que genera el desarrollo está aún vigente; por eso sería justificado que una parte de esa riqueza se utilizara para beneficiar a la ciudad, con obras para las cuales no se tienen ahora suficientes recursos: como transporte, agua potable, seguridad y otros servicios urbanos. Esa situación es grave y explica la pobreza crónica de ciudades y municipios que dependen de otros ingresos, como el predial, o las transferencias federales, para afrontar problemas. Este proceso ha sido estudiado y explica las increíbles ganancias que ha producido para muy pocos (Jiménez M. J. La traza del poder. México, Dédalo, 1993).

Los fraccionamientos privados, con el apoyo de obras realizadas con fondos públicos, se han hecho en todas las ciudades del país, desde el inicio del siglo XX. Aun durante la Revolución —un periodo de grave inestabilidad social— se construyeron en la Ciudad de México 21 nuevas colonias promovidas por capitales privados, lo que demuestra que esa actividad es muy atractiva y tiene pocos riesgos.

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