El pasado 6 de agosto, Rudy Yakym, republicano de Indiana y un experto en cadenas de valor, miembro del Comité de Ways and Means (el equivalente a la Comisión de Hacienda en Diputados), encabezó una interesante misiva firmada por 168 republicanos de la Cámara de Representantes dirigida al titular de la USTR, Jamieson Greer, en la que “respaldan” la estrategia de la administración Trump para negociar con México y Canadá una revisión conjunta del T-MEC, en la que “se prioricen mejorías en favor de Estados Unidos antes de acordar una extensión del tratado”.
El legislador que reúne a esta mayoría es claro en sus declaraciones al presentar la misiva: la estrategia ordenada por Trump hace eco de las voces que demandan la extensión del acuerdo, pero “prioriza resultados sobre una fecha específica para asegurar la extensión”. ¡Corre tiempo!
Así de pragmático. Dicen que en política todo cuenta. La misiva no fue firmada ni por el líder de la mayoría republicana en la cámara, Mike Johnson, o del presidente del comité de Ways and Means, el republicano de Misuri, Jason Smith. Tampoco del presidente del subcomité de Comercio, también republicano, Adrian Smith, donde se aprueban específicamente aranceles. Eso implica que hay apoyo político republicano, pero no un acto formal que derive en la modificación del tratado o de partes sustanciales de él, porque cualquier evento de esa naturaleza tendría que pasar por las manos de los personajes que no firmaron la misiva.
En este contexto, en México, y particularmente en el sector automotor, ha ido creciendo la incomodidad por la elevada incertidumbre impuesta por esta estrategia, en la que se busca que nuestros negociadores, encabezados por Marcelo Ebrard, pongan todo y ellos den muy poco con el pretexto de que tienen el mercado, que, aunque grande, requieren del mundo para abastecerlo a bajos precios y alta calidad.
En México crece la pregunta de si, a estas alturas del cambio impuesto al sistema global de comercio por la administración Trump, no resulta más pragmático cambiar el T-MEC por un acuerdo recíproco arancelario, como el acordado con Japón, Corea, Reino Unido y Europa, donde no existen reglas de origen prefijadas y sí la obligación del pago de una tasa arancelaria de 15 por ciento. ¿Por qué no? Hoy están en el limbo el T-MEC y en medio de dos condiciones completamente desventajosas, pues la imposición unilateral y violatoria del T-MEC de 25% de arancel bajo la 232 persiste en automotriz, obtener la certificación para la devolución del arancel bajo el T-MEC en el CBP es un viacrucis, y las plantas en México ven cómo las exportaciones de esos países pasan asumiendo el costo, que es más bajo y menos incierto que el T-MEC.
DE FONDOS A FONDO
#Audiencias… Hoy son los medios, mañana puede ser cualquier industria y eso levanta cejas en el sector privado, porque se refuerza la percepción de que el regulador empieza a proponer lineamientos cada vez más amplios, con alcances, incluso, superiores a los establecidos en la ley. Con el tono alcanzado por el debate y una propuesta que debiera ser perfeccionada en el ejercicio de consulta, el mensaje para todo el sector privado es que las reglas pueden cambiar a partir de disgustos políticos y no se emiten para normar el derecho de todos a informar y ser informados.
En el seno del CCE, que preside José Medina Mora, se comenta con preocupación el tema. Más regulación no siempre significa más derecho. En nombre de proteger a las audiencias se corre el riesgo de terminar reduciendo la libertad de los medios para informar y la de los ciudadanos para elegir qué ver, cómo informarse y a quién creer (por cierto, el primer derecho de las audiencias). Si conceptos abiertos quedan sujetos a la interpretación de una autoridad motivada políticamente, aumenta el riesgo regulatorio y también el riesgo de que las empresas pierden voz. Si los medios se vuelven más cautelosos por temor a sanciones o controversias, será más difícil para el sector privado explicar proyectos, defender inversiones o posicionar su narrativa ante la opinión pública. Sus representantes son prudentes, pero no omisos.
El verdadero debate es institucional. Más allá de la radio y la televisión, la pregunta es si una autoridad administrativa puede imponer obligaciones que algunos consideran que van más allá de lo previsto por la ley. Si esa frontera se desdibuja, lo que está en juego es la certeza jurídica que sostiene al Estado de derecho.