El próximo martes se firma en México el primer Fondo de Capital Ambiental de México, una estructura que, con apoyo de la Corporación Andina de Fomento (CAF), que preside Sergio Díaz-Granados, se espera, por la transcendencia, que la presentación del Fondo la encabecen la secretaria Alicia Bárcena Ibarra, de la Semarnat, y el titular de Hacienda, Edgar Amador Zamora.
Le comento. El Banco Verde, como se autonombra hoy CAF, creó este año un nuevo Fondo de Inversión de Impacto en América Latina y el Caribe (FIIALC), a través del cual impulsa la canalización de capital privado hacia la biodiversidad, agricultura regenerativa, economía azul y soluciones climáticas.
No es nada nuevo considerando que México tiene cinco proyectos en curso con CAF y en los que participan Nafin/Bancomext, que dirige Carlos Torres, y FIRA, de Alan Elizondo, con fondos que se han dirigido a capitalizar proyectos ambientales. Hoy, la prioridad es el reciclaje y la circularidad económica, tanto como la adecuada administración del agua, que incluye tanto recuperación de ríos como cuencas y bosques de agua, y podría movilizar recursos institucionales por entre 100 y 150 millones de dólares a empresa y proyectos que están muy identificados con los esfuerzos de biodiversidad y recuperación de fuentes de agua.
De tiempo atrás, Fondo de Fondos, que dirige Liliana Reyes, con CAF crearon el Fondo de Fondo México II para desarrollar la industria de capital de riesgo y capital privado, impulsando pymes, generación de empleos y el fortalecimiento de la gobernanza, y hoy esa experiencia se desdobla para canalizar capital de riesgo a los proyectos ambientales prioritarios del país, con participación privada y social. No dude que CAF marque un sendero para que el Banco Mundial y también el BID repiensen la estrategia de participación en el financiamiento ambiental en México, que hoy tiene muy pocos participantes.
DE FONDOS A FONDO
#LIBERTAD… Después de una serie de información imprecisa sobre un proceso iniciado por el accionista principal de la sofipo Libertad, Juan Collado, para admitir nuevos socios de capital, éste tomó la decisión, el 1 de julio, de no aceptar propuestas que no le generaban ni capital fresco ni valor a la entidad financiera. Como resultado, rescindió del contrato de José Antonio Alonso Mendivil y Lucio Arreola, que habían llegado a propuesta de esos potenciales inversionistas y tomaron decisiones que, a su juicio, no eran convenientes para la entidad. El consejo y el gobierno corporativo de la entidad volverán a responder a prácticas societarias con el más alto estándar regulatorio, y la decisión ha sido comunicada a las autoridades, encabezadas por el presidente de la CNBV, Ángel Cabrera, y como es entendible, el foco de la administración estará centrado en atender a su extensa base de clientes, ahorradores y acreditados, con el modelo phygital, que ha sido su diferenciador en el mercado sofipo.
#Banfeliz… Ha trascendido que finalmente se habría estructurado una posible operación de compra-venta de Grupo Klu por BanFeliz SAPI de C.V., propiedad de Fernando García Sada, transacción que supondría pagar sólo el valor del banco (alrededor de 550 millones de pesos), y considerando el adeudo de García Sada al peruano Grupo ACP, expropietario de Banco Forjadores y del fondo inglés CRC. La operación no se concretará si las autoridades de la CNBV y del Banxico no dan la autorización de cambio de control, aun cuando se haya firmado un acuerdo privado. Esto lo sabe Alberto Djemal, cabeza de Klu, quien opera en la misma plataforma una IFPE autorizada para pagos electrónicos, servicios de administración de tesorería, adquirencia, crédito empresarial, pagos internacionales (transmisor) y vales corporativos (Previvale), y por el momento de crecimiento que tiene su compañía, primero evaluó solicitar la creación de una sofipo o adquirirla, pero hoy considera la adquisición de una licencia bancaria, que es donde entra la posible compra de BanFeliz. Él y sus socios saben que no existe ninguna “bendición” superior sobre la operación y que deberán pasar por todo el proceso de auditoría financiera que exigen la ley y la regulación. La CNBV y Hacienda tienen la lupa puesta.