El lunes pasado, cuando fue publicado para consulta pública el Proyecto de Lineamientos para la Protección del Derecho de las Audiencias, se generó un gran asombro entre los integrantes de la CIRT, porque aun cuando se está abriendo la consulta para que todos los interesados emitan su opinión sobre los mismos, su sola estructura y comparación con los lineamientos vigentes, dio cuenta a los regulados de que se sumaron obligaciones que antes no existían.
La industria de medios, a diferencia de los que se dicen medios y son sólo portales habilitados por partes interesadas, tienen obligaciones que cumplir y sanciones por no cumplirlas.
Este proyecto regula más y tiene más aristas discrecionales, pues no hay una forma clara en el que defina cómo se va a calificar desde la Junta de Gobierno de CRT, cuando se emita una sanción, ¿qué es veraz?, ¿qué es una opinión? o ¿qué es publicidad o propaganda? Muchos de los nuevos criterios pueden conducir a censura o a multas injustificadas.
La versión vigente del IFT tiene 27 artículos, agrupados en cinco capítulos y cuenta con dos anexos. El proyecto que presentó la CRT tiene 54 artículos, el doble, agrupados en cinco títulos, con siete anexos.
Este comparativo muestra que se duplica su extensión y por ende el nuevo proyecto “no reordena lo mismo”, que es lo que se comprometió en las conversaciones con la industria, sino que suma reglas y obligaciones que antes no existían. La CIRT está abierta al sumar en el diálogo para que la precisión se convierta en compromiso de no discrecionalidad.
Los derechos de las audiencias a ser informados oportuna y con veracidad, no existen únicamente frente a los medios de comunicación, sino incluso cuando instituciones del Estado, las entidades privadas o los agentes sociales, omiten información o difunde información imprecisa o falsa.
Habilitar los códigos de ética y mecanismos para que la audiencia de un medio de comunicación pueda ejercer el derecho de réplica o rectifique información y contenido, sebe ser un acto de autoregulación, no de reglamentación pública. Eso es fundamental para la libertad de información en cualquier país.
El derecho de las audiencias debe protegerse, con mayor razón, cuando quien difunde información falsa puede ser un emisor del propio poder público no sólo un emisor del sector privado. La redacción de algunos de los lineamientos acusan la posibilidad de un proceso sancionador de contenidos que lejos de empoderar a las audiencias, les limita el derecho de información.
Ojalá que efectivamente la consulta pública sea un espacio de diálogo que permita revisar a fondo la propuesta regulatoria.
DE FONDOS A FONDO
#CRT… La programación de desconexiones de celular de agosto a diciembre, atendiendo al último dígito, aceleró en las últimas dos semanas en registro de líneas móviles, pues ya alanzaron las 68.2 millones de líneas vinculadas a una persona o empresa, y de ese total, 22 millones son de pospago, o sea más del doble de prepago (con recarga) que de pospago.
#FIRA… El financiamiento ambiental, incluyente y con orientación rural, forestal y agroindustrial en México no podría existir sin FIRA, el grupo de fideicomisos que administra Banco de México y que dirige Alan Elizondo, fondeo que ha logrado una gran capilaridad por la capacidad de emisión que ha sostenido en México y, que recientemente levantó 8 mil mdp, frente a una demanda global de 12 mil mdp, con la colocación de tres bonos, el primero fue un Bono Social de Género a plazo de cinco años, por 4,370 millones de pesos y tasa de TIIE de Fondeo más 40 puntos base.
El segundo fue un bono a 1.6 años por 1,864 millones de pesos, a TIIE de Fondeo más 29 puntos base, y el último a tres años por 1,766 millones de pesos, a TIIE de Fondeo más 33 puntos base.
Los recursos obtenidos se otorgarán exclusivamente a mujeres, de manera individual o en grupo, en actividades productivas sustentables, pues tenga en cuenta que el entorno rural alberga 14.1 millones de mujeres, 21% del total de mujeres del país, y es una población predominantemente joven, en edad productiva y 40% en edad reproductiva, 40% son asalariadas, 30% trabaja por cuenta propia, 30% trabaja sin remuneración y solamente 0.6% es emprendedora.