Maricarmen Abascal llevaba siete décadas viviendo en su casa de Madrid. Tenía 87 años y pagaba puntualmente su renta. En 2018, una empresa inmobiliaria compró la vivienda y, para permitirle quedarse, le exigía pagar más del triple. De 500 euros mensuales pasaría a pagar 1,650, cantidad superior incluso a lo que recibía como pensión. El pasado 23 de septiembre fue desalojada y trasladada en camilla al hospital. Murió el 7 de octubre sin haber podido regresar a su hogar. Su historia desató una ola de indignación y protestas en distintas ciudades de España, donde personas de todas las edades salieron a las calles ante una crisis de vivienda que también amenaza su derecho a conservar un hogar.
Ante las movilizaciones, el gobierno de Pedro Sánchez impulsó dos decretos para frenar temporalmente los desalojos y dar mayor estabilidad a los contratos de alquiler. Era una respuesta urgente para proteger a los inquilinos mientras se atendía el problema de fondo. Pero los partidos de derecha, con PP, Vox y Junts per Catalunya a la cabeza, bloquearon las medidas en el Congreso. Tras ese rechazo, el mandatario convocó a elecciones anticipadas para el próximo 29 de noviembre. La crisis dejó así dos asuntos estrechamente ligados: la necesidad de garantizar plenamente el derecho de la ciudadanía a la vivienda y la de construir las mayorías políticas y sociales capaces de defenderlo.
El primer apunte es sobre la responsabilidad del Estado de garantizar el derecho a la vivienda frente a la especulación inmobiliaria. En nuestro país, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha dado pasos importantes con programas como Vivienda para el Bienestar, cuya meta es construir 1.8 millones de viviendas nuevas durante el sexenio a precios accesibles para familias de menores ingresos, además de otorgar apoyos para mejorar las existentes y reestructurar créditos del Infonavit que se habían vuelto impagables. Son decisiones que ponen las necesidades de las familias en el centro de la política de vivienda y que, ante la magnitud de un problema que afecta a ciudades de todo el mundo, deben sostenerse y seguir ampliándose.
En la CDMX, donde el encarecimiento de la vivienda amenaza con expulsar a muchas personas de sus barrios, Clara Brugada impulsa la construcción y el mejoramiento de vivienda social, además de un programa de vivienda pública en renta. La prioridad es que las familias puedan permanecer en las colonias donde han vivido toda la vida, que los trabajadores no tengan que recorrer grandes distancias para llegar a sus empleos y que los jóvenes puedan independizarse sin que el costo de una vivienda lo vuelva imposible.
Un segundo apunte es sobre la unidad de las fuerzas progresistas y humanistas. En España, partidos de izquierda buscan construir un frente amplio ante la posibilidad de un gobierno neofascista, cuya mayoría absoluta anticipan buena parte de las encuestas. Articular esa unidad, también con las organizaciones independentistas de Cataluña y el País Vasco, resulta urgente frente al avance de la ultraderecha. Aunque el acuerdo sigue en proceso, los intereses de grupo no pueden pesar más que la responsabilidad de defender los derechos de millones de personas y frenar una agenda reaccionaria, contraria a las mayorías.
La discusión española también nos obliga a mirar cómo cuidamos la unidad en nuestro país. Algunas voces del PT y del Verde parecen más preocupadas por las candidaturas y los cálculos electorales de 2027 que por fortalecer el proyecto compartido. Los amagos de competir por separado deben discutirse a la luz de una responsabilidad mayor: sostener la transformación democrática y defender nuestra soberanía frente a las presiones de EU y al avance de las derechas. Las diferencias entre aliados son legítimas, pero los intereses de grupo no pueden poner en riesgo lo que millones de mexicanos han construido.
Maricarmen, como millones de personas en todo el mundo, sólo quería seguir viviendo en su casa. Esa demanda tan sencilla, atropellada por los intereses más rapaces, recuerda el sentido fundamental de la política: proteger la dignidad de las personas. Atender sus necesidades y cuidar la unidad para hacerlo posible debe pesar más que cualquier cálculo electoral.