La pasearon por México como una suerte de adalid de la lucha contra la izquierda. Referentes de la oposición mexicana, como Alessandra Rojo de la Vega, y distintos espacios de la derecha la recibieron con bombo y platillo para presentarla como un respaldo internacional frente al supuesto “yugo del autoritarismo obradorista”. Durante aquella visita, Isabel Díaz Ayuso incluso participó en el polémico y conocido “homenaje a Hernán Cortés”.
Ya entonces podían advertirse serios cuestionamientos éticos alrededor de su figura. Pero lo conocido en los últimos meses, y particularmente en los últimos días, deja en una posición bastante incómoda a quienes hace poco la presentaban en México como referente de la lucha contra “los zurdos”.
Basta recordar el episodio que prácticamente acabó con Pablo Casado como dirigente nacional del Partido Popular. En 2022 exigió explicaciones por un contrato de 1.5 millones de euros adjudicado por el gobierno madrileño durante la pandemia a una empresa vinculada con un amigo del hermano de Ayuso. La propia presidenta reconoció que su hermano había cobrado 55 mil 850 euros por gestiones relacionadas con aquella operación. La Fiscalía terminó archivando la investigación al no encontrar indicios de delito, pero la guerra interna desatada por el caso acabó con Casado fuera de la dirigencia del PP.
Después llegó Alberto González Amador, pareja de Ayuso. No hablamos de simples señalamientos partidistas. Está llamado a juicio por presuntos delitos fiscales y falsedad documental, en un caso relacionado con un presunto fraude a Hacienda cifrado en más de 350 mil euros.
A ello se suma que empresas de González Amador facturaron 4.4 millones de euros a Quirón entre 2021 y 2023, grupo privado con una importante relación contractual con la sanidad madrileña. Sus negocios son ahora objeto de otra investigación judicial.
Y cuando parecía complicado agregar un nuevo capítulo, apareció el ático: un departamento de lujo ubicado en el último piso de un exclusivo edificio del barrio Chamberí.
En abril, Planifica Madrid, empresa pública dependiente del gobierno regional, pagó 6.3 millones de euros por el inmueble. La justificación fue utilizarlo como oficina temporal mientras se reformaba la sede de Presidencia. El problema fue que después se conoció que, por su uso residencial, no podía funcionar como oficina en los términos planteados. Tras hacerse público el caso, el Ejecutivo anunció que lo vendería.
La oposición española ya llevó la operación ante la Fiscalía por posibles delitos de prevaricación y malversación. Eso es, por ahora, una denuncia que tendrá que investigarse. Lo que no está en discusión es que se gastaron 6.3 millones de euros de dinero público en un inmueble que no podía cumplir la función con la que se justificó su compra.
La ironía resulta inevitable. Hace apenas unos meses, una parte de la derecha mexicana paseaba a Ayuso como ejemplo de libertad, buen gobierno y superioridad moral frente a la izquierda. Hoy tiene a su pareja ante los tribunales, vuelve a estar bajo escrutinio por los negocios de su entorno y su gobierno intenta desprenderse de un departamento millonario comprado con recursos públicos.
Habrá que ver cuánto tarda el PAN en empezar a tomar distancia de quien hasta hace muy poco presentaba como una de sus grandes aliadas internacionales. Porque hay amistades políticas que se presumen con orgullo. Y otras que, conforme aparecen nuevos escándalos, se vuelven cada vez más difíciles de defender.