Parecía muerto. El pasado 20 de febrero, la Suprema Corte de Estados Unidos propinó un golpe casi mortal a una de las armas económicas favoritas de Donald Trump: los aranceles.
Por seis votos contra tres, la Corte resolvió que la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), una ley de 1977 concebida para enfrentar emergencias internacionales, no otorgaba al presidente facultades prácticamente ilimitadas para imponer impuestos a las importaciones.
En pocas palabras: una emergencia no es un cheque en blanco.
La decisión derribó buena parte de los llamados aranceles del “Día de la Liberación” y redujo la tasa arancelaria promedio ponderada estadounidense de aproximadamente 14.9% a 8.2%. Para Trump parecía jaque mate.
Pero los aranceles resultaron ser el Ave Fénix de la política comercial estadounidense.
Horas después de la sentencia, la Casa Blanca recurrió a otra disposición: la Sección 122 de la Trade Act de 1974, que permite imponer temporalmente recargos arancelarios para enfrentar desequilibrios comerciales. Trump estableció un arancel global de 10%.
Había un pequeño problema: la facultad tenía fecha de caducidad. Solamente podía utilizarse durante 150 días.
La solución fue desempolvar otra disposición de esa misma ley: la famosa Sección 301, utilizada históricamente por Estados Unidos para combatir prácticas comerciales extranjeras consideradas injustas.
Esta vez, el argumento no fueron el fentanilo, la migración ni siquiera el déficit comercial: fue el trabajo forzado.
En marzo, Estados Unidos inició investigaciones contra 60 economías —incluyendo México, Canadá, China, Japón, Reino Unido y la Unión Europea— argumentando que no impedían adecuadamente la importación de mercancías producidas mediante trabajo forzado.
El procedimiento fue monumental: más de 2,100 comentarios públicos iniciales, consultas con más de 45 gobiernos y posteriormente otros 1,600 comentarios y más de 100 testigos.
¿El resultado? El 24 de julio entró en vigor una nueva muralla comercial.
México, Canadá, India y Reino Unido, entre otros, enfrentan un arancel adicional de 10%. Para las demás economías —la mayoría— llega a 12.5%, con reglas especiales y excepciones para determinados productos y socios.
La Suprema Corte cerró una puerta; Trump encontró una ventana.
Y vaya ventana: las economías afectadas representan aproximadamente 99.4% de todas las importaciones estadounidenses.
El cambio es extraordinario. En enero de este año, antes de la sentencia, la tasa arancelaria efectiva estadounidense había llegado a 10.6%. Tras el fallo y la reconstrucción parcial del sistema arancelario, seguía alrededor de 11% en abril. En contraste, durante décadas Estados Unidos construyó su modelo económico alrededor de aranceles relativamente bajos.
También hablamos de muchísimo dinero.
Los aranceles impuestos desde 2025 habían generado, hasta febrero, alrededor de 214,700 millones de dólares adicionales de recaudación aduanera frente al promedio de los años anteriores. Posteriormente, la sentencia obligó al gobierno a enfrentar devoluciones gigantescas: más de 160,000 millones de dólares quedaron sujetos a reembolso.
Pero los aranceles que sobreviven podrían recaudar todavía unos 956,000 millones de dólares durante la próxima década. Cuando se considera su impacto negativo sobre la actividad económica, la recaudación neta estimada cae a aproximadamente 697,000 millones.
Porque los aranceles tienen una peculiaridad frecuentemente olvidada: no los paga directamente México, China o Europa.
El cheque inicial lo escribe el importador estadunidense.
Después, el costo se distribuye entre productores extranjeros, importadores, distribuidores y, finalmente, consumidores. Durante 2025, los precios de bienes de consumo importados subieron alrededor de 1.5%, y distintas estimaciones sugieren que entre 46 y 86% del costo arancelario terminó trasladándose a determinados precios de importación.
La discusión, sin embargo, ya regresó a los tribunales.
Primero demandaron pequeñas empresas estadounidenses. El Liberty Justice Center presentó una demanda argumentando que la Casa Blanca simplemente encontró una nueva justificación jurídica para reconstruir los aranceles que la Suprema Corte había declarado ilegales.
El gobierno responde que la Sección 301 es diferente: a diferencia de IEEPA, fue diseñada expresamente por el Congreso para combatir prácticas comerciales injustas y ha sido utilizada durante décadas. Pero los críticos sostienen que el Congreso nunca pretendió que esta sección fuera un estatuto arancelario general; la escribió como un remedio comercial focalizado. Una cosa es el bisturí; otra muy distinta, la maza.
Para México, la discusión llega en el peor —o quizá el más importante— momento posible: en plena revisión del T-MEC.
Tenemos un tratado cuya esencia es eliminar barreras comerciales entre México, Estados Unidos y Canadá y, simultáneamente, leyes estadounidenses de hace más de medio siglo utilizadas para reconstruirlas.
La verdadera discusión, por tanto, ya no es si el próximo arancel será de 10.0, 12.5 o 25.0 por ciento.
Es quién tiene el poder para imponerlo.
Durante décadas, la globalización se construyó alrededor de una premisa: las empresas podían invertir hoy confiando razonablemente en las reglas comerciales de mañana. Trump está sustituyendo esa certidumbre por incertidumbre permanente: utilizar el acceso al mercado estadounidense como instrumento de negociación económica, política y laboral.
Una empresa puede sobrevivir a un arancel de 10 por ciento.
Mucho más difícil es decidir dónde construir una fábrica que operará durante 20 años cuando nadie sabe cuál será el arancel dentro de seis meses.
Decía Benjamin Franklin que en este mundo nada puede darse por seguro, excepto la muerte y los impuestos.
Si Franklin viviera hoy, probablemente agregaría una tercera cosa: los aranceles de Donald Trump.