Pemex: un accidente que no puede quedar impune

No he visto encuestas, pero estoy seguro que un buen número de mexicanos dudan, e incluso rechazan, que la explosión en Pemex haya sido un accidente, tal como lo han revelado las primeras investigaciones. Hay gente que, más que escuchar los hechos, prefiere elaborar todo tipo de teorías barrocas de la conspiración. ¿Por qué les cuesta tanto trabajo aceptar que en la vida existen accidentes? ¿Acaso ellos no han tenido alguno en su vida? ¿Por qué rechazar la posibilidad de que organizaciones como Pemex también sufran eventos imprevisibles, ocasionados por agentes externos, con consecuencias lamentables?

En todos lados del mundo existen personas que prefieren ver conspiraciones o actos terroristas en lugar de accidentes. En México esta situación es más común porque las autoridades tienen menos credibilidad que en otras latitudes. Esto tiene que ver con el fracaso de las policías y fiscales de recabar pruebas contundentes, basadas en el método científico y la comprobación empírica, para sustentar sus teorías. Carecemos, por ejemplo, de laboratorios de pruebas forenses de primer nivel y de peritos que expliquen sus análisis de manera objetiva. No sorprende, entonces, que los jueces en México juzguen a los presuntos culpables a partir de testimonios de víctimas, de oídas y de testigos. Y es que los fiscales y policías no recaban ni presentan pruebas físicas (huellas, ADN, videos, balística, ondas expansivas, etcétera) más allá de puros testimonios.

Pero en un caso como el de la explosión de Pemex, que despierta gran interés en la opinión pública, el Estado sí ha utilizado a sus mejores peritos y expertos para ganar credibilidad. Incluso ha recurrido a técnicos internacionales y de instituciones académicas de prestigio, como la UNAM, para corroborar las hipótesis. Todo indica, de acuerdo a las primeras pruebas recabadas, que la explosión, que dejó un total de 37 muertos, se debió a un accidente provocado por una acumulación de gas metano.

Ahora bien, el hecho de que haya sido un accidente no significa que no existan responsables de lo sucedido. Quizá no lo hicieron con intensión, alevosía y ventaja. Pero alguien falló: no hizo bien su trabajo de tal suerte que un agente externo, involuntario e imprevisible, provocó una acción violenta con lesiones corporales y daños materiales. En este sentido, las autoridades deberán continuar recabando pruebas forenses y elaborando todo tipo de análisis para sacar las conclusiones de quién falló y por qué, para luego proceder judicial y políticamente.

Dice la teoría actuarial de los accidentes que muchos pueden evitarse si se toman en cuenta acciones preventivas en el lugar de trabajo. Las maquinarias deben estar bien mantenidas; los trabajadores deben contar con uniformes adecuados; las instalaciones deben tener equipos de seguridad. El IMSS, de hecho, calcula la prima de riesgo de accidentes laborales de las empresas del país. No es lo mismo trabajar en una agencia de publicidad que en una constructora. Evidentemente hay un mayor riesgo en la segunda que en la primera. Más aún, también hay diferencias entre las constructoras. Aquellas que sí se preocupan por la seguridad, que cuentan con medidas preventivas, tienen una menor incidencia de accidentes por lo que pagan menos prima de riesgo.

Pemex es una organización enorme y compleja. Uno esperaría que una explosión como la del jueves ocurriera en sus instalaciones operativas donde se manejan químicos explosivos, no en oficinas administrativas donde los funcionarios están arrastrando el lápiz. Eso es lo que llama la atención del accidente en el complejo administrativo de la petrolera en la Ciudad de México. De ahí que las investigaciones todavía tengan que explicarnos qué es lo que falló, quién fue el responsable y por qué. A partir de eso, debe haber consecuencias judiciales y políticas.

Aunque haya sido un accidente, el evento en Pemex no puede quedar impune. Treinta y siete familias enlutadas, y el país entero, así lo demandan.

Twitter: @leozuckermann