La ciudad que queremos

La problemática que se da en la Ciudad de México desde 1997 es un reflejo fiel de la misma dificultad que enfrenta el país para encontrar un camino hacia el desarrollo armónico a partir de 2000. En resumidas cuentas, la lección básica es que no es suficiente declarar inaugurada la era de la alternancia para afirmar que existe un desarrollo más equilibrado y democrático del país, o de la ciudad. El arribo de la alternancia es condición necesaria mas no suficiente para divisar la posibilidad de construir una sociedad mejor y más democrática, pero no significa, bajo ningún concepto, el haber alcanzado ese estadio aún. Lo que ahora queda claro es que en ese momento apenas se vislumbra la posibilidad de iniciar la construcción de una administración pública eficiente y responsiva a las demandas ciudadanas, un Legislativo con la independencia de criterio suficiente para lograr acuerdos útiles a la sociedad, más allá de intereses específicamente partidistas y un Poder Judicial que aplica la ley por igual para todos.  

Durante los últimos 15 años el PRD ha controlado absolutamente la Legislatura local, la administración pública y el Poder Judicial, a la vieja usanza del PRI. Construyó un poder corporativo basado en la victimización de los pobres, además de su manipulación. De ahí fundamentó su control electoral sobre la ciudad. Pero nunca pensó en desarrollar un poder público eficiente y libre de corrupción. Ahora impulsa una campaña para convencer a la ciudadanía de que lo prioritario es una Reforma Política (así, con mayúsculas) para lograr que seamos, los capitalinos, de “primera”. En el fondo, esa campaña se da en el contexto de un intento por disfrazar el fracaso estrepitoso de la administración perredista en la capital, encubrir sus excesos de corrupción y hacer olvidar que gobierna sin programa.

Desde 1997, el PRD debió haber iniciado un proceso de transformación político-administrativa de la capital de todos los mexicanos. Era necesaria la redefinición del centro nodal de la administración pública local: a saber, la relación entre el gobierno central y las delegaciones. La tendencia mundial profesa la descentralización de funciones entre gobiernos centrales y municipios/condados/delegaciones. Usos de suelo, desarrollo urbano, impuestos, transporte, educación, servicios sociales: todas estas funciones tienden a caer dentro de la responsabilidad de los gobiernos locales, y no los centrales.

Sin embargo, la experiencia en el Distrito Federal desafía las tendencias mundiales. Aquí las funciones, decisiones y responsabilidades se concentran, y no se reparten. Las decisiones importantes se toman en una oficina, y las responsabilidades de su ejecución se reparten entre unos cuantos. Las funciones se reparten con cuidado, para no involucrar a demasiados actores. Todo este esquema de “gobernabilidad” ha traído, como consecuencia, lo contrario a lo deseado. Además de ser un esquema de gobierno que no genera consensos, lo que sí trae consigo es una ineficiencia sin parangón en la acción y operación gubernamental. La ciudad carece de una visión de lo que debiera ser en 10, 20 o 30 años. No existe la menor idea de la ciudad que queremos los ciudadanos. Existe una idea utilitaria, eso sí, de lo que debiera servir la administración pública local, siempre en función de intereses partidistas muy definidas, pero nunca en función de la población en general. 

Sin duda ha llegado la hora de definir ejes de la ciudad que queremos. Estos ejes podrían definirse en torno a los temas: 1. Descentralización de las funciones gubernativas de la ciudad en las delegaciones. 2. Definir un proyecto de desarrollo urbano de la ciudad en el largo plazo, a través de la Asamblea Legislativa. 3. Obligar al gobierno a recuperar el control de las calles, de cómo se manejan y de quiénes se instalan en ellas. 4. Incorporar a la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones sobre el futuro capitalino.

        *Especialista en análisis político

            ricardopascoe@hotmail.com