Puras promesas incumplidas, a seis años del derrame en el río Sonora

CIUDAD DE MÉXICO

A unas horas de que se cumplan seis años de la peor tragedia ambiental de la industria minera en México, los Comités de Cuenca del Río Sonora alzaron la voz para advertir que después del derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado no tuvieron ni remediación, ni justicia, ni posturas claras de las autoridades. Puras promesas incumplidas.

“Hemos recibido en nuestras casas a la Semarnat, a la Conagua, al Insabi, a la Secretaría de Salud, a la Cofepris, y a la Profepa. Los hemos escuchado atentamente y hemos tomado nota de todos los compromisos que han hecho con la gente del río. Y ninguno ha cumplido. 

“A ellos les decimos que no bastan los foros académicos, ni las reuniones públicas, ni los proyectos de investigación sin participación social. No basta que muestren empatía en el momento, ni que prometan que van a solucionar los problemas”, manifestaron.

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Los Comités de Cuenca del Río Sonora recordaron que seis años después del derrame en la mina Buenavista del Cobre, Grupo México llena una nueva presa de jales con desechos tóxicos y pretende iniciar la construcción de un acueducto que le abastezca de agua para sus operaciones.

“A seis años del derrame, nuestros agricultores, en cambio, no consiguen ni un solo permiso para regar sus tierras ni para dar de beber a su ganado… a seis años, nuestras autoridades municipales y estatales han decidido no hablar, poniéndose en nuestra contra. A seis años, las 36 potabilizadoras necesarias para garantizar nuestro derecho al agua se encuentran tan abandonadas como las personas del río”, expresaron.

Denunciaron que, a seis años, los habitantes del Río Sonora y Bacanuchi enfrentan serios obstáculos para ver garantizado su derecho a la salud, y el inmueble que, les dijeron sería destinado a la clínica de especialidades de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental del Estado de Sonora (UVEAS), sigue en obra negra.

Los inconformes exigieron participar en planes de acción con plazos y soluciones claras, concretas y expeditas para la contaminación del río, y para la reactivación económica del territorio, dejando de lado cualquier plan de favorecer a las empresas por encima de las comunidades.