"La autonomía indígena se ha satanizado"; EZLN la rebeldía

La autonomía indígena —acuerdo al que llegaron el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), después del levantamiento armado del 1 de enero de 1994—, se ha satanizado, aseguró Jaime Martínez Veloz, extitular de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas.

Martínez Veloz —quien era diputado federal cuando se firmaron los Acuerdos de San Andrés en 1996—, dijo que la visión gubernamental de la balcanización del país en el momento que operasen las autonomías indígenas, es un argumento mentiroso; es el crimen organizado lo que ha balcanizado a México. 

En entrevista con Excélsior con motivo de la serie por los 40 años de la fundación del EZLN y las tres décadas del levantamiento armado, Martínez Veloz aseguró que cumplir los Acuerdos de San Andrés es uno de los temas de la agenda nacional de mayor importancia. Dijo que, a partir de una nueva configuración nacional de las fuerzas políticas que surge de las elecciones del próximo año, deberá encargarse de ese punto.

Sobre la firma de los Acuerdos de San Andrés en materia de derechos y cultura indígena recordó que ese fue el primer punto en la negociación suspendida, que también tenía en la agenda Democracia y Justicia; Bienestar y Desarrollo; Derechos de la Mujer en Chiapas; Reconciliación en Chiapas y sexto la firma del Acuerdo de Paz Definitivo.

“Después de un proceso largo de debates no fue sólo sentarse un día y acordar sobre el tema. Las propuestas se sometían a consulta de la comunidades indígenas y de las dependencias de gobierno; ambas delegaciones del gobierno y del EZLN invitaron a representaciones indígenas.

“Así, el tema de derechos y cultura indígena se firmó el 16 de febrero de 1996 después de un amplio proceso de consulta; hubo coincidencia de las partes; de tal manera que los Acuerdos de San Andrés no son la expresión de una noche de ocurrencias o de ideas muy brillantes, sino además de brillantes, sí consensuadas con todas las comunidades, es un proceso muy sólido, que a la fecha se sigue hablando de él”, dijo.

UN NUEVO PACTO SOCIAL

Recordó el exlegislador que, de manera paralela a la negociación entre el gobierno y el EZLN, “acordamos un proceso que impulsara un diálogo nacional para la construcción de un nuevo pacto social, donde se convocaría a todas las instancias del gobierno, a los partidos, a organizaciones ciudadanas, que iban desde la Coparmex, hasta el EZLN, y donde el EZLN iba a ser uno de los actores, no el actor.

“Se hicieron foros sobre la reforma del estado, eran dos procesos, el estrictamente que tenía que ver con las delegaciones del gobierno y del EZLN, y por otro, un proceso de reforma democrática; de alguna manera ese fue uno de los elementos que impulsaron la reforma electoral de 1996, que es una reforma que se produjo con amplio consenso.

“De 457 votos, se aprobó con 453; ahí participó el PRD con Andrés Manuel López Obrador como presidente del PRD. El tema de derechos y cultura indígenas es un documento muy importante que, desde mi punto de vista, mucho de ello nutrió también a la ONU cuando en 2007 publicó lo que fue la declaración de la ONU en materia indígena. Con el documento de la ONU se confirmó que lo planteado por el EZLN era algo que expresaba el reclamo de muchos pueblos de México y del mundo”, señaló.

Martínez Veloz señaló que existió un falso debate y una interpretación inadecuada por parte del gobierno sobre la concepción de la autonomía de los pueblos indígenas, acuerdo al que se había llegado, pero que se atoró.

“Autonomía no significa soberanía, si la autonomía implicara soberanía ningún municipio del país sería autónomo ninguna universidad sería autónoma. La autonomía no significa soberanía, significa tener capacidad de decisión sobre lo que pasa en su territorio, lo que pasa en su función comunitaria.

SUJETOS DE DERECHO PÚBLICO

“Hay un aspecto importante con el asunto del reconocimiento a los pueblos indígenas, pasa porque no son sujetos de derecho público. En este país, los únicos que no tienen el estatus como sujetos de derecho público son los pueblos indígenas, los ejidos lo tienen, los fraccionamientos lo tienen. Todos los tienen, menos los indígenas.

“Los indígenas son el único sector de la población que no tiene el respaldo constitucional y de normas jurídicas para establecer negociaciones o acuerdos con lo que pasa en sus tierras y territorios, lo que ha generado un enorme desencuentro social, una enorme segregación y es, de alguna manera, una explicación de por qué los pueblos indígenas siguen siendo los más pobres entre los pobres”.

A pregunta expresa sobre el hecho que desde 1996 el gobierno mexicano advertía sobre un riesgo si se dota de autonomía a los pueblos indígenas, sobre todo porque chocaría con la propiedad de la nación de lo que existe en el subsuelo, como petróleo, oro, plata, litio, Martínez Veloz dijo:

“No es un riesgo, debería ser una realidad; es como alguien en su propiedad tienes debajo una serie de elementos, esa persona tiene la capacidad de negociar sobre eso, ¿si o no? Los ejidos tienen esa capacidad jurídica, ¿por qué no la tienen los indígenas?; si hay una expropiación en un ejido, el Estado está obligado a resarcir esa expropiación mediante un procedimiento, un pago o diversas acciones.

“El hecho de que los pueblos indígenas no tengan el reconocimiento como sujetos de derecho hace que en sus tierras y territorios se instalen una serie de proyectos a espaldas de ellos o por encima de ellos, y eso está sucediendo, sobre todo con la minería”, explicó:

“Por ejemplo, hasta 1994 se había concesionado un millón de hectáreas; de 1994 a 2000, otro millón; con (Vicente) Fox se concesionaron ocho millones (de hectáreas) y con (Felipe) Calderón se concesionaron 24 millones de hectáreas; hay un disparo brutal en las concesiones mineras y muchas de ellas en pueblos y territorios indígenas, donde se han visto en desventaja ante ese avasallamiento económico, político, muchas veces acompañado por grupos del crimen organizado.

“Lo cual pone en desventaja a los pueblos, no concuerda el gran disparo de las explotaciones mineras en México, con las condiciones de pobreza que subsisten en las comunidades indígenas”, señaló.

LA MINERÍA, UN PROBLEMA

De acuerdo con Martínez Veloz, en 300 años de la colonia española hubo una producción de 182 toneladas de oro; de 1994 a la fecha, en 30 años, él calcula una producción de dos mil toneladas de oro formalmente.

“El gobierno federal no tiene las bitácoras de extracción, se sabe lo que se ha producido en la minería con los números de las empresas, no del gobierno. No hay bitácoras gubernamentales que indiquen qué está produciendo México en minería.

“Incluso, dijo, la explotación de la minería tiene un impuesto a las utilidades netas de 7.5%, que se aprobó en 2013 y que se distribuía entre los pueblos y comunidades que producían mina; llegó este gobierno y canceló el fideicomiso que repartía esa utilidad a los pueblos mineros, no el impuesto; además, en tiempos de (Felipe) Calderón se firmó un acuerdo con Canadá, para evitar la doble tributación del Impuesto Sobre la Renta, donde Canadá que domina 74% de la minería en México se lleva el oro, la plata, los demás minerales y, además, los impuestos. La pregunta es por qué no se ha cancelado ese convenio que es lesivo contra nuestro país, es un tema económico de primera importancia.

“No tener esos recursos para las comunidades indígenas y los pueblos mineros es lesivo; pongo como ejemplo el caso de Coahuila, los mineros que están atrapados en El Pinabete, que quedaron sepultados, no pueden ser rescatados porque el estado de Coahuila no tiene dinero con qué sacarlos; en 2014 Coahuila tenía por ese concepto 280 millones de pesos, que fue cancelado por el gobierno federal”.

Sobre qué se necesitaría hacer para reactivar la posibilidad de una ley indígena que otorgue autonomía a los pueblos indígenas, la que quedó congelada en 2001, el exdiputado federal mencionó:

BALCANIZACIÓN, ARGUMENTO MENTIROSO

“Es uno de los temas de la agenda nacional de mayor importancia; una nueva configuración nacional de las fuerzas políticas, a partir de la Cámara de Diputados que se produzca el próximo año, a partir de las elecciones de junio, debería proceder. Esto es mucho más importante que el tema del nombramiento de los jueces y ministro por votación popular.

“Recuperar y concretar los Acuerdos de San Andrés es un imperativo nacional que es lo que le puede dar cimiento sólido a la construcción del desarrollo nacional, mientras esto no suceda…  el nuevo acuerdo del Estado mexicano con los pueblos originarios, es el cimiento de un edificio, es la base fundamental; a un edificio se le pueden poner todos los arreglos, decoración que se quiera, pero si no arreglas los cimientos ese edificio más tarde o más temprano se va a caer; si no se consolida la relación del Estado mexicano con sus pueblos originarios todo lo que hagamos va a ser muy endeble”.

Y sobre la balcanización que dijo el presidente Zedillo sucedería si se otorga autonomía a los pueblos indígenas, Martínez Veloz concluyó:

“Se ha satanizado el tema de la autonomía indígena, las universidades son autónomas y no son soberanas; los municipios son autónomos y no son soberanos. Eso de la balcanización es un argumento mentiroso, lo que ha balcanizado al país es el crimen organizado. Incluso, el reconocimiento de las autonomías a los pueblos indígenas significaría la recomposición del tejido social, porque les daría el poder a las comunidades de negociar mayores niveles de desarrollo.

“Es una mentira. Detrás de esa descalificación están en juego los intereses de las grandes corporaciones, energéticas, mineras, financieras, eso, ese, ni más ni menos. De tras del incumplimiento de los Acuerdos de San Andrés no está el tema de la balcanización, está el tema de la acumulación de capital en unas cuantas manos”.