Prevén multas por 26.5 mdp a elección judicial

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) revisará este lunes los dictámenes de ingresos y gastos que la Unidad de Fiscalización revisó a la totalidad de candidatas y candidatos para las elección judicial de este año y planea discutir multas a todos los infractores que suman 26.5 millones de pesos.

Entre las irregularidades más encontradas figuran ingresos y egresos no comprobados, uso indebido de cuentas bancarias y omisiones de reportes de gasto.

Para las y los candidatos a ministros de la Suprema Corte que se beneficiaron de la aparición de su nombre en acordeones la sanción corresponde al 10% del tope de gasto, es decir, más de 140 mil pesos, mientras que para las personas juzgadoras de distrito ascendería a 22 mil por persona.

De los 9 candidatas y candidatos ganadores para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 6 tienen multas impuestas que suman 157 mil 736 pesos.

Las y los ganadores del Tribunal de Justicia Disciplinaria pagarán más de 100 mil pesos en sanciones, y los de Sala Superior del Tribunal Electoral 33 mil 700 pesos.

El resto son multas para las y los candidatos a Salas Regionales del Tribunal Electoral, magistraturas de circuito y personas juzgadoras de distrito.

LAS MULTAS A CANDIDATURAS ELECTAS

Cabe mencionar que en las listas de sanciones no aparece el presidente electo de la Suprema Corte, Hugo Aguilar Ortiz por no encontrarse irregularidades en sus informes de ingresos y gastos, pero, de aprobarse la multa a quienes se beneficiaron de los acordeones, podría imponérsele alguna sanción.

Se propone una multa de 8 mil 032 pesos a Sara Irene Herrerías, María Estela Ríos, 4 mil 978 pesos, Loretta Ortiz, 52 mil 270, Lenia Batres, 44 mil 690, Giovanni Figueroa, 2,489 pesos y Arístides Guerrero, 40 mil 277 pesos.

En el Tribunal de Justicia Disciplinaria, Rufino H. Tovar, pagaría 565 pesos, Indira Isabel García Perez, 2 mil 262 pesos, Verónica de Gyvés, 18 mil 441, Celia Maya, 34,394 pesos y Bernardo Bátiz, 47 mil 66 pesos.

Para la Sala Superior, sus dos ganadores pagarían: Gilberto de Guzmán Bátiz, 30 mil 660 pesos, Claudia Valle Aguilasocho, 3 mil 54 pesos.

En el anteproyecto de dictamen respectivo, el INE da cuenta de que recibió 336 acordeones “físicos” en las quejas que recibió de decenas de ciudadanos en los que se detectó 10 modelos distintos de “guías de votación” en los que aparecieron sólo 121 del universo total de candidaturas que participaron en la elección judicial, para los cuales se les aplicaría una sanción de 4 millones de pesos.

Entre ellos las y los 9 ministros triunfadores, incluido su presidente electo Hugo Ortiz Aguilar.

En el dictamen el INE reconoce que no pudo identificar a quienes elaboraron y distribuyeron este tipo de propaganda, y tampoco la cantidad de impresiones que se repartieron en todo el país.

La unidad de Fiscalización propone sanciones por responsabilidad indirecta debido a que “no se advirtieron acciones materiales tendentes a su cese, en forma proporcional a la realización de sus actos de campaña que marcara el distanciamiento del beneficio que les generó la elaboración y distribución de las guías de votación y acordeones”.

Por lo que “se cumple con los elementos necesarios para efecto de fincar una responsabilidad indirecta a las entonces personas candidatas que se vieron beneficiadas con la elaboración y distribución de la propaganda denunciada, esto es, que lograron el fin último de su participación en la contienda electoral para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación y de la Ciudad de México 2024-2025, al resultar ganadoras”.

Se propone un 10% del tope de campaña como sanción a quienes no se distanciaron durante sus eventos de campaña de esta propaganda impresa, por lo que, ministras y ministros pagarán 146 mil pesos, igual que los dos ganadores en Sala Superior del Tribunal Electora y los cinco ganadores en el Tribunal de Justicia Disciplinario, 88 mil pesos para salas regionales del Tribunal Electoral, 41 mil 296 pesos para magistraturas de circuito y 21 mil 949 pesos para juzgadores de distrito.

Durante las investigaciones, la Unidad de Fiscalización da cuenta que solicitó a empresas de impresión de Offset, de las cuales 6 no contestaron los requerimientos por lo que se solicitó información sobre sus operaciones financieras a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, sin respuesta todavía.

También se solicitó información a empresas telefónicas para determinar la propiedad de números telefónicos referidos en conversaciones involucradas con la distribución de acordeones, pero no han respondido.

JCS