Becas para el Bienestar benefician a más de 19.5 millones de estudiantes
El programa cuenta con una inversión de 136 mil 900 millones de pesos para 2026 y contribuye a reducir el abandono escolar en México.
Las Becas para el Bienestar se consolidan como una de las principales estrategias del Gobierno de México para garantizar el acceso a la educación pública, reducir el abandono escolar y ampliar las oportunidades de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
Actualmente, más de 19.5 millones de estudiantes de escuelas públicas reciben estos apoyos, que representan una inversión de 136 mil 900 millones de pesos durante 2026. La política educativa, fortalecida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, busca que ninguna persona abandone sus estudios por falta de recursos económicos.
Uno de los principales resultados se refleja en la disminución del abandono escolar en educación media superior. Entre los ciclos escolares 2017-2018 y 2024-2025, la tasa pasó de 14.5 a 9.3 por ciento, una reducción de 5.2 puntos porcentuales.
Además, la matrícula de este nivel educativo registra avances. De acuerdo con estimaciones de la Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la tasa neta de escolarización alcanzó 66.3 por ciento en el ciclo 2025-2026, su nivel más alto desde 2018-2019.
En el caso de la Beca Universal Benito Juárez, el registro para el ciclo escolar 2026-2027 superó un millón 800 mil estudiantes, frente al promedio de un millón 500 mil de ciclos anteriores. Para garantizar su correcta operación, las autoridades verifican semestralmente la inscripción y permanencia de los beneficiarios.
El Gobierno federal también busca ampliar la infraestructura educativa mediante la construcción de nuevos planteles, así como la ampliación y reconversión de escuelas existentes. La meta es crear 400 mil espacios adicionales en educación media superior durante la presente administración.
Con estas acciones, las Becas para el Bienestar buscan atender las desigualdades económicas que históricamente han limitado la continuidad educativa y fortalecer el derecho a estudiar, independientemente de las condiciones económicas de las familias.