Justicia argentina congela bienes y levanta secreto bancario del expresidente Alberto Fernández

El expresidente argentino, Alberto Fernández (2019-2023), junto con varios de sus colaboradores, se encuentran bajo investigación por presuntos actos de corrupción relacionados con la contratación de seguros del Estado durante su gobierno. Fuentes judiciales confirmaron este miércoles que la Justicia argentina ha tomado medidas significativas en este caso.

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El juez federal Julián Ercolini, quien está a cargo de la sala 11 del juzgado nacional en lo Criminal y Correccional Federal, ordenó el congelamiento de los bienes de Fernández y ha levantado el secreto fiscal y bancario sobre sus cuentas. Esta acción se enmarca en la investigación que indaga si el expresidente favoreció a través de la contratación de seguros del Estado al esposo de su secretaria privada.

La medida adoptada por Ercolini no se limita a Fernández, sino que también afecta a otras 32 personas, incluyendo exfuncionarios, empresas y cooperativas que están siendo investigadas en relación con este caso. Estas personas ahora no podrán vender ni disponer de sus bienes mientras dure la investigación judicial.

Uno de los puntos centrales de la pesquisa es la relación entre Fernández y el intermediario Héctor Martínez Sosa, así como su esposa María Cantero, quien fue secretaria del expresidente. El juez considera que esta conexión arroja sospechas sobre el papel de Fernández en la intermediación de seguros entre los entes estatales y Nación Seguros.

El expresidente está imputado en un escándalo vinculado con la contratación de seguros por parte de organismos públicos durante su gestión. La investigación se centra en presuntas irregularidades relacionadas con un decreto que firmó en diciembre de 2021, mediante el cual ordenó que todos los organismos públicos contrataran los seguros en Nación Seguros, una entidad del estatal Banco Nación. Se sospecha que amigos del exmandatario se beneficiaron como intermediarios cobrando comisiones millonarias.

A pesar de que no se requerían gestores para la contratación de estos seguros, los organismos públicos utilizaron a Martínez Sosa, esposo de la secretaria de Fernández, como intermediario, quien además aparece como acreedor del expresidente en sus declaraciones juradas.

Este caso ha generado una intensa atención en Argentina y plantea serias cuestiones sobre la transparencia y la ética en el manejo de los recursos públicos durante el mandato de Fernández. La Justicia continúa con la investigación para esclarecer estos presuntos actos de corrupción.

dmr