Diez cuerpos. Cinco colgados de un puente en Pánuco, semidesnudos, con signos de violencia. Cuatro junto a una clínica del IMSS-Bienestar en Morelos. Uno más —el de Ignacio Castrejón Valdez, expresidente municipal de Sombrerete y empresario minero, con huellas de tortura— tirado sobre la carretera Zacatecas-Durango, en Sain Alto. Y una cartulina, la firma que ya conocemos, el mensaje que ya sabemos leer aunque no queramos: acusaciones de robo, de desvío de recursos, la retórica de quien se presenta como justiciero ante una sociedad que, por cansancio o miedo, a veces escucha.
Llevábamos años sin ver esto en esa escala, con esa puesta en escena. No es una cifra —diez homicidios más en el conteo nacional—, es una coreografía. Cuerpos exhibidos en tres puntos geográficos distintos la misma madrugada, colgados de un puente vehicular como advertencia para quien pase, dejados junto a un hospital como quien elige el escenario con cuidado. Eso no es sólo el crimen organizado ejerciendo violencia: es terrorismo criminal, en el sentido más literal de la palabra. El objetivo no es sólo eliminar a diez personas; es que millones vean, que millones entiendan el mensaje, que el miedo se instale como forma de gobierno paralelo.
Y el mensaje, además, es confuso a propósito o quizá simplemente refleja la disputa real: el gobierno de Zacatecas reconoció apenas el lunes la presencia simultánea del Cártel Jalisco Nueva Generación y del Cártel de Sinaloa en el estado, sin poder precisar —al menos públicamente— cuál de los dos ordenó la masacre. Un día después, el propio Cártel de Sinaloa se adjudicó los hechos con una frase que debería congelarnos: “No matamos inocentes”. La frase es obscena en su pretensión de legalidad paralela, de justicia propia, de código de honor narco. Pero es también reveladora: cuando el crimen organizado necesita explicarse ante la opinión pública es porque disputa algo más que territorio. Disputa legitimidad.
Zacatecas no era, hasta el sábado, el ejemplo que el gobierno federal presumía. Literalmente lo era: la entidad había sido citada como caso de éxito en la reducción de homicidios dolosos, parte del relato de pacificación que ha querido construir la actual administración. La masacre ocurrió exactamente en ese contexto, como si fuera una respuesta a la narrativa oficial. El gobernador David Monreal habló de “impotencia”; el secretario de Gobierno insistió en que no permitirán que “hechos como éste” detengan el proceso de pacificación. Palabras necesarias, insuficientes, ya gastadas por el uso.
Mientras el país procesaba esas imágenes, Morena avanzaba —con la misma disciplina institucional que ha caracterizado al partido en el poder— en la construcción de su ruta hacia las gubernaturas de 2027. La Mesa Nacional de Elecciones arrancó, junto con el PT y el Verde, las primeras encuestas de reconocimiento: encuestas por estado, coordinadores estatales que se anunciarán entre agosto y septiembre, hasta seis finalistas por entidad —cuatro de Morena, uno del PT, uno del Verde, con paridad de género obligatoria— antes de la encuesta definitiva. Es, a su manera, un ejercicio de ingeniería política pensado para evitar la fractura interna que tanto ha costado en otros procesos. El contraste es el punto. Mientras el aparato del partido discute metodologías de encuesta, coordinaciones estatales y equilibrios internos para decidir quién gobernará Chihuahua, Sonora, Michoacán, Tlaxcala o Guerrero en 2027, el país sigue enterrando cuerpos con mensajes en cartulina. No son temas separados. Quien gane esas gubernaturas heredará, en la mayoría de los casos, territorios donde la autoridad real se disputa con las organizaciones criminales, no en el papel sino en las carreteras, puentes, junto a hospitales. La pregunta que debería dominar cada encuesta no quién tiene mejor imagen, sino quién ha mostrado capacidad —o siquiera voluntad clara— de disputarle al crimen organizado el monopolio de la violencia y del mensaje público.
Zacatecas no es una anomalía aislada: es una advertencia sobre lo que estas elecciones de 2027 realmente están decidiendo. No sólo quién ocupa el cargo, sino si el Estado mexicano recupera, entidad por entidad, la capacidad de ser el único que decide qué cuerpos aparecen y cuáles no, qué mensajes se escriben en cartulina y cuáles se quedan sin firma. Por ahora, la firma la sigue poniendo otro.