Votar a balazos

Los abrazos no bastaron: los balazos alcanzaron a Morena. El reciente asesinato contra Gisela Gaytán, candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, ha sacudido los cimientos de la política mexicana, evidenciando una vez más el peligroso entrelazamiento entre la violencia ...

Yuriria Sierra

Yuriria Sierra

Nudo gordiano

Los abrazos no bastaron: los balazos alcanzaron a Morena. El reciente asesinato contra Gisela Gaytán, candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, ha sacudido los cimientos de la política mexicana, evidenciando una vez más el peligroso entrelazamiento entre la violencia del crimen organizado y el proceso electoral en el país. Este trágico evento no sólo ha arrebatado la vida a una política prometedora, sino que también ha puesto de relieve la creciente vulnerabilidad de los candidatos a cargos públicos frente a la omnipresente sombra del narcotráfico y la delincuencia organizada.

El asesinato ocurrió en Guanajuato, un estado gobernado por el Partido Acción Nacional (PAN), lo que ha intensificado las tensiones políticas y ha abierto la puerta a un peligroso juego de culpas entre partidos. El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no tardó en señalar al Instituto Nacional Electoral (INE) por no proporcionar la protección adecuada a Gaytán, sugiriendo una politización de la tragedia que va más allá de la búsqueda de justicia para la víctima y su familia.

Sin embargo, este enfoque en la asignación de responsabilidades políticas corre el riesgo de desviar la atención de un problema más profundo y aterrador: la capacidad del crimen organizado para influir e, incluso, determinar el resultado de las contiendas electorales a través de la violencia. La muerte de Gaytán es sólo la punta del iceberg en un año electoral manchado por la sangre de 24 candidatos y candidatas de diversos partidos políticos, lo que subraya una crisis de seguridad que trasciende ideologías y afiliaciones partidarias.

La politización de la tragedia, si bien comprensible desde una perspectiva de lucha por el poder, ignora la realidad compleja y multifacética de la violencia electoral en México. No se trata sólo de un fallo en la protección de candidatos por parte de instituciones específicas o de la administración de un estado en particular, es un reflejo de la penetración profunda del crimen organizado en el tejido social y político del país. Esta situación requiere una respuesta coordinada que vaya más allá de la retórica política y se enfoque en estrategias integrales de seguridad, justicia y prevención.

Además, el enfoque en la asignación de culpas entre partidos y la interpretación de la violencia a través del prisma de la competencia electoral desvían la atención de la necesidad urgente de abordar las causas fundamentales de la violencia y la impunidad en México. Es esencial reconocer que la seguridad de los candidatos y el derecho de los ciudadanos a participar en elecciones libres y justas son cuestiones de derechos humanos que requieren el compromiso y la acción de todos los sectores de la sociedad.

El asesinato contra Gisela Gaytán, como el de los demás candidatos, debería servir como llamado urgente para fortalecer las instituciones democráticas y de seguridad en México e implementar políticas efectivas para combatir el crimen organizado que impida que éste continúe votando a balazos antes siguiera de que las urnas se instalen. La politización de esta tragedia no debe eclipsar el hecho de que el crimen organizado está desafiando abiertamente la soberanía del Estado mexicano, poniendo en riesgo no sólo la vida de los candidatos políticos, sino también la integridad del proceso democrático en su conjunto.

En conclusión, mientras los políticos debaten y se señalan entre sí, es crucial no perder de vista la imagen más amplia: la lucha contra el crimen organizado y la protección de la democracia en México requieren una estrategia coherente, multisectorial y, sobre todo, despolitizada. La memoria de Gisela Gaytán, así como la de todos los candidatos caídos, merece no menos que eso. No entenderlo es condenar al Estado mexicano (y a la sociedad en su conjunto) a vivir de rodillas frente a la promesa de balazos que no reconocen ni respetan los abrazos…

ADDENDUM

La impugnación a la candidatura de Mauricio Vila al Senado y su salida anticipada de la gubernatura es una estrategia para tratar de opacar su gestión. ¿De verdad quieren tener a Vila, quien ha sido evaluando permanentemente como el mejor gobernador de la República, haciendo campaña? ¿Visitando a todos los yucatecos que han recibido buenas cuentas en salud, apoyo a las empresas, al campo y a las mujeres? No parece una estrategia electoral muy inteligente de los cuarteles guindas…

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