En la brecha El Becerro, a unos kilómetros al sur de Reynosa había una refinería. Con todas sus letras: siete tanques verticales, 11 tanques móviles con capacidad de hasta 80 mil litros cada uno, ocho motobombas, seis tractocamiones, siete pipas, tres generadores propios y 3 millones 769 mil 500 litros de hidrocarburo listos para circular. El 21 de julio, elementos del Ejército, la GN y la FGR aseguraron el predio. Cuatro días después apareció una segunda instalación con las mismas características, 109 mil 400 litros más y otro tanto de vehículos y maquinaria, en otro punto de la misma ciudad. Dos operativos, cero detenidos.
Nadie operaba las motobombas, encendía los generadores, firmaba las remisiones ni ocupaba la infraestructura industrial que, presuntamente, servía para procesar crudo extraído de los ductos de Pemex o para “acabar” combustible importado sin declarar. La historia oficial, hasta hoy: los tanques, las pipas, los litros. La de las personas, quiénes son los dueños de esos predios, quiénes los autorizaron, quiénes los protegieron, sigue pendiente. Y ése es el nudo.
La aparición de refinerías clandestinas en Tamaulipas no es un episodio aislado. Es la evolución previsible de una red que llevamos meses viendo desnudarse. Hace apenas unos días, la FGR vinculó a proceso al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, y a siete personas más, señalados como cabezas de la mayor red de huachicol fiscal detectada hasta ahora: más de cuatro mil operaciones de importación en apenas seis meses, 15 millones de litros asegurados en un solo golpe en Coahuila, un daño estimado al erario que supera los cuatro mil mdp y una arquitectura de empresas, Ingemar, Crismon Hidrocarburos, Belar Fuels, Unico Commodities, tendida entre Ensenada, Texas y el norte del país.
En paralelo, la misma FGR busca a tres militares prófugos, los tenientes coroneles Armando Barrera Trujillo y Blas Pedro Sarabia García más un teniente de Policía Militar, por permitir el ingreso de 144 millones de litros de diésel, gasolina y nafta por la Aduana de Matamoros entre 2024 y 2025, declarados como solución de cloruro de calcio. Antes ya habían caído los hermanos Farías Laguna, vicealmirante y contralmirante, sobrinos políticos del entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda.
Estamos, además, ante un salto de escala. Ya no basta con ordeñar el ducto, importar diésel disfrazado de aditivoo descargar buques bajo la mirada de la Semar. Ahora se refina en México, a cielo abierto, con instalaciones que requieren energía eléctrica, permisos municipales, contratos de arrendamiento, empleados, choferes, contadores y transportistas. Por eso, la FGR está obligada a decirle al país de quién son los predios, quién los rentó, quién los abasteció de energía (¿la CFE nunca detectó ese consumo?), quién movió los tractocamiones y a qué estaciones de servicio iba a parar el combustible ya procesado. Sin rostros, esto es escenografía.
Después, la ruta del dinero. La UIF, el SAT y la propia FGR tienen las herramientas para rastrear las transferencias entre las empresas ya identificadas en la causa Ingemar y los operadores de la infraestructura tamaulipeca. Si esa conexión existe debe hacerse pública. Hay al menos dos indagatorias “de gran alcance” abiertas y que el Departamento del Tesoro de EU ha señalado presuntos vínculos del huachicol fiscal con el CJNG. El dinero cuenta la historia que las conferencias mañaneras suelen omitir.
Y, por último, la cadena de mando. No hay minirrefinería que se instale en Reynosa sin que alguien, con uniforme o sin él, mire hacia otro lado. Los expedientes de Matamoros y de Tampico ya demostraron que la militarización de aduanas no eliminó la corrupción; en varios casos, la administró. Corresponde a la FGR, y a la Presidenta llevar la indagatoria hasta donde tope. Si Ruffo debe responder por huachicol fiscal, también deben hacerlo los mandos navales y militares que aparecen en las carpetas, los funcionarios aduanales, los agentes y los políticos locales, empezando por quienes gobiernan Tamaulipas. Porque si el saldo de estos hallazgos termina siendo el de siempre, una conferencia, un aseguramiento, un decomiso y ningún responsable con nombre, entonces habremos aprendido lo peor: que en México ya no sólo se roba el combustible; se le construye su propia industria. Y esa industria, hoy, tiene refinerías.