La UNAM canceló el contrato con Territorium Life que originó la peor crisis de admisión en su historia reciente. Renunció ya la secretaria general Patricia Dávila. El rector Leonardo Lomelí pidió a la ASF revisar el procedimiento de contratación. Alrededor de 58 mil aspirantes presentarán un examen de control presencial. Sin embargo, hay preguntas abiertas que la comunidad universitaria y la opinión pública tenemos derecho a formular con toda precisión.
1. ¿Cuánto costó ese examen? El contrato firmado con Territorium Life se pactó en un rango de 40 millones 700 mil pesos como mínimo a 101 millones 757 mil como máximo, en función del número de aspirantes atendidos. Con 158 mil 727 registrados, la cifra final debería ubicarse cerca del techo. El costo unitario fijado era de 227.85 pesos por sustentante. ¿Cuánto se pagó realmente? ¿Cuánto queda por pagar? ¿Cuánto se le devolverá a la UNAM, considerando que el servicio contratado falló?
2. ¿Quiénes son los dueños de Territorium Life? Con sede en Nuevo León, se constituyó como Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable en marzo de 2012. Sus fundadores son Carlos Guillermo Elizondo Ancer, director ejecutivo y egresado del Tec de Monterrey, y Gerardo de Jesús Sáenz González, director de tecnología. Se ostentan como aliados estratégicos de Microsoft y presumen operaciones en 15 países. ¿Quiénes componen el accionariado? ¿Hay socios silenciosos? ¿Qué relaciones existen entre ellos y los funcionarios, universitarios o partidistas que tomaron la decisión de compra en su favor a lo largo de 13 años?
3. ¿Cuántos contratos más han tenido y con quién? La Plataforma Nacional de Transparencia arroja al menos 218 millones de pesos en contratos con instituciones públicas: con el Consejo de la Judicatura Federal firmó tres contratos por 50.5 mdp para supervisar concursos de oposición de carrera judicial en 2024. Con la BUAP, 31.6 mdp entre 2024 y 2025. También aparecen contratos con el INE, el IECM, la UANL, la UABC, la UAT, la UACJ, la UDEMEX, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el Colegio de Bachilleres de Nuevo León y el gobierno de Nuevo León, cuyos servicios y montos no se transparentan por completo. Y más grave. Opera la plataforma Saberes MX de la SEP, donde ya se han documentado fallas que permiten acreditar cursos sin tomarlos. ¿Se van a auditar también esos contratos? ¿Se sostienen los resultados de los concursos de carrera judicial que la empresa supervisó?
4. ¿Por qué se optó por la adjudicación directa? La normativa interna de la UNAM establece que la licitación pública es la regla general para compras de alto monto. El techo de este contrato supera 21 veces el umbral a partir del cual esa vía es obligatoria. La Dirección General de Administración Escolar argumentó que Territorium Life es la única empresa nacional con experiencia comprobada en la aplicación masiva de exámenes en línea. El Comité de Adquisiciones aprobó la excepción en cinco días. ¿Quién elaboró ese dictamen? ¿Se consultaron proveedores internacionales? ¿Se sabía ya, en abril de 2025, que la plataforma tenía fallas en otras aplicaciones, incluida la de Saberes MX?
5. ¿De quién fue la decisión de trasladar el examen de licenciatura al formato en línea? ¿Qué informes técnicos avalaron el salto? ¿Los conoció el Consejo Universitario? ¿Los revisaron antes las facultades? Sobre los 20 candados de seguridad que ofrecía la plataforma, incluidos reconocimiento facial continuo y supervisión con IA, ¿qué proporción operó en tiempo real y cuál quedó en promesa contractual?
6. ¿Qué responsabilidad asume la Rectoría? La DGAE dependía de esa oficina, pero el contrato lo firmó la UNAM. La séptima, y la que más duele. ¿Qué van a hacer con los aspirantes honestos que pasaron su examen y ahora deben rendir uno más para demostrar lo que ya demostraron? Ya hay amparos indirectos colectivos presentados en Juzgados de Distrito en Materia Administrativa contra el rector, el Consejo Universitario y la Comisión Técnica. La UNAM tendrá que responder ante los jueces y ante los jóvenes.
Falta una octava, la que ojalá no quede como pregunta retórica. ¿Aprendimos algo?