Hay un costo que ningún gobierno latinoamericano contabiliza en su presupuesto, pero que todos pagamos: el de la polarización. No aparece en las cuentas nacionales, pero corroe la capacidad de un país para gobernarse a sí mismo. Y América Latina lo está pagando caro.
Como apenas ayer señalábamos, no es un asunto ideológico: es un asunto programático. La grieta —ese término argentino que ya es de todos— se ha vuelto la gramática única de nuestra política. Chavismo contra antichavismo en Venezuela, fujimorismo contra antifujimorismo en Perú, petrismo contra antipetrismo en Colombia, lulismo contra bolsonarismo en Brasil: en cada país la contienda se reduce al mismo esquema binario, donde el adversario no es un rival con quien negociar, sino un enemigo a quien aniquilar.
La primera víctima es el centro político, y con él la posibilidad de los acuerdos. Los datos son crudos: en Chile, Evelyn Matthei terminó quinta con apenas 12.7%; en las legislativas argentinas, Provincias Unidas fracasó como alternativa a la polarización entre mileísmo y kirchnerismo. Quien construye desde el medio es triturado por los extremos. Y un país sin centro es un país sin puentes, condenado a oscilar violentamente de una orilla a la otra cada seis años.
El segundo costo es la gobernabilidad. Cuando el Congreso se divide en trincheras irreconciliables, gobernar se vuelve imposible, y el presidente en turno termina tentado por el atajo autoritario: gobernar por decreto, atacar a las instituciones, deslegitimar al contrario. La polarización no sólo paraliza; empuja hacia el iliberalismo. Las elecciones dejan así de funcionar como mecanismos de canalización institucional del conflicto y se convierten, en algunos países, en focos de inestabilidad política y social.
Y tiene un atractivo peligroso para quien la explota: funciona. Es electoralmente rentable convertir al adversario en demonio, porque el miedo y el odio votan más que la esperanza. El problema es que lo rentable en campaña es ruinoso para el país. Se gana la elección y se pierde la república. A este incendio interno se suma el que el EU de Trump se inclina por un neoimperialismo intervencionista donde la democracia no es prioridad.
Y conviene mirarnos en este espejo, porque México no está vacunado. La advertencia más concreta la tuvimos este año con la reforma electoral. La iniciativa presidencial buscaba eliminar las listas plurinominales y que los diputados de representación proporcional fueran electos directamente, junto con recortes al INE. Lo revelador no fue sólo el contenido, sino el diagnóstico de sus críticos: más que reducir costos, lo que estaba en juego era alterar la correlación de fuerzas en el Congreso y reordenar la competencia política de los años siguientes. La representación proporcional, con todos sus defectos, es el mecanismo que durante décadas permitió que las minorías existieran en el Congreso; tocarla es estrechar la cancha. El verdadero desafío no es frenar una reforma fallida, sino resistir la normalización de cambios que, bajo el lenguaje de la eficiencia, terminan inclinando de manera duradera la cancha del poder. México goza de una popularidad presidencial que podría hacer creer que la grieta nos es ajena. No lo es: sólo está administrada desde una posición de fuerza, lo cual es, si acaso, más peligroso.
América Latina sigue siendo la región en desarrollo más democrática del mundo, y sus democracias persisten, aunque su sostenibilidad no esté garantizada. La grieta no es destino. Pero cerrarla exige dirigentes con vocación de estadistas. Como recuerda Sanguinetti, la tarea de un político es ponerse de acuerdo con otros que piensan distinto para encontrar puntos de encuentro. Esa definición, hoy, suena casi subversiva.
El costo de la polarización no se paga de golpe, sino en cuotas: una institución debilitada aquí, un acuerdo imposible allá, una elección convertida en trinchera, una generación que aprende que el que piensa distinto es un enemigo. Y cuando la factura completa llega, ya es tarde, porque lo que se ha erosionado no es un gobierno, sino la convicción compartida de que podemos vivir juntos a pesar de pensar diferente. Esa convicción es el verdadero capital de una democracia. Y lo estamos dilapidando en pagos ya no tan chiquitos.