A las nueve de la mañana de hoy, frente al Palacio de Bellas Artes, arranca una marcha distinta a todas las que hemos visto en esta ciudad. No exige justicia por un crimen ni reclama un salario. Pide permiso para morir. Caminará al Palacio Nacional bajo la consigna “Por la libertad de ser y decidir hasta el final”, con un expediente de diez años que el Congreso no ha querido tocar. Es la primera movilización nacional por la muerte digna en México y la convocó una mujer de 31 años que la encabezará después de pasar la noche conectada a una máquina. Se llama Samara Martínez. Es periodista, investigadora y da clases. También es paciente desde los 17 años, cuando lo que empezó como dolores de cabeza y un diagnóstico equivocado terminó siendo insuficiencia renal crónica, a la que después se sumó lupus. Lleva más de diez cirugías, dos trasplantes y unas diez horas diarias de diálisis. Uno de esos riñones se lo donó su hermano y le falló a los cuatro días; ella cargó años con la culpa de haber desperdiciado un pedazo de él. Se volvió activista al entender que su historia era la de miles que agonizan sin que nadie les pregunte nada. E insiste en algo que casi siempre se malentiende: no quiere morirse, quiere decidir cómo si la medicina no tiene nada más que ofrecerle.
De ahí salió la ley trasciende, presentada en octubre de 2025 en el Senado y después en San Lázaro, con más de 128 mil firmas y cerca de dos mil profesionales de la salud detrás. Reforma la Ley General de Salud, cuyo artículo 166 Bis 21 prohíbe la eutanasia, y el Código Penal, donde ayudar a morir sigue siendo homicidio por piedad y se castiga con hasta 12 años de cárcel. No propone barra libre: enfermedad terminal o irreversible, solicitud expresa, dictamen médico, comités de ética y objeción de conciencia médica.
¿En qué va? En nada. Diez meses después sigue sin dictamen. En abril, el Senado organizó un conversatorio donde Emmanuel Reyes Carmona habló de oportunidad histórica y todas las bancadas, menos el PAN, se dijeron dispuestas; aun así, el expediente quedó esperando la opinión técnica de la Secretaría de Salud, ese trámite que suele ser una manera elegante de no decir que no. La discusión se mudó a la Corte, que admitió el amparo de Silvia, tanatóloga de 69 años con cáncer terminal. Siete de cada diez mexicanos quieren que se legisle. El mundo tampoco nos espera. La eutanasia practicada por un médico es legal en 11 países: Países Bajos y Bélgica, que abrieron el camino, Luxemburgo, Canadá, España, Portugal, Nueva Zelanda, Colombia, Ecuador, Uruguay y, desde hace ocho días, Francia. Súmele seis estados australianos y la lista más larga de los que permiten el suicidio asistido, de Suiza a Inglaterra. Tres países latinoamericanos resolvieron ya lo que aquí ni se dictamina.
La razón de fondo para aprobarla no es estadística, es filosófica, y es la que menos se discute. Si algo es indiscutiblemente propio, es el cuerpo. Mill lo escribió hace siglo y medio: sobre su cuerpo y su mente, el individuo es soberano. Dworkin agregó el matiz decisivo: una vida no vale sólo por lo que dura, sino por su forma, por la coherencia entre lo que alguien creyó y cómo terminó. Obligarla a un final que contradice todo lo que fue le expropia el sentido de su biografía. Y cuando el Estado la mantiene viva contra su voluntad para no ofender la convicción moral de una mayoría, la usa como medio para un símbolo ajeno. Eso es tratarla como cosa. La prohibición, además, no evita nada: vuelve clandestino y desigual lo que ya ocurre. Quien tiene dinero viaja a Suiza; quien no, se muere con dolor. Las objeciones son serias. Un país que no garantiza cuidados paliativos difícilmente puede garantizar consentimiento libre: si la única alternativa al sufrimiento es morir, no hay elección real. Pero eso obliga a regular con candados estrictos, no a sostener una prohibición que ya está fallando. Lo que hoy tenemos no es cautela, es abandono.
Samara llega hoy a Palacio Nacional. En abril, la Presidenta dijo que el tema es complejo y debe discutirse socialmente, y tiene razón en las dos cosas. Pero esa discusión ya lleva más de una década y la que tiene prisa no es la agenda legislativa, es ella. Ojalá Claudia Sheinbaum decida recibirla. No a prometer una ley ni a firmar nada. A escucharla, que es lo mínimo que se le debe a quien camina al Zócalo con un cuerpo que le duele. Eso sí sería una convicción de izquierda. Garantizar también el último derecho: una muerte con dignidad y compasión.