Extorsión, el delito que tiene de rodillas a las empresas

México ha enfrentado diversos enemigos a lo largo de su historia, tanto por injerencias internacionales como por amenazas generadas al interior del país. Estas últimas han tenido un mayor impacto durante el último siglo, debido a múltiples factores, principalmente a las políticas implementadas por los distintos gobiernos, que han dado paso a la generación de grupos que actúan de forma ilegal e impune.

Estos grupos forman parte del crimen organizado y actúan fuera de la ley, llevando a cabo actos ilícitos que no solo atentan contra unos cuantos, sino que tienen impactos profundos en la sociedad y en el futuro del país.

Actualmente, hemos vivido delitos que reflejan el empoderamiento de estos grupos, la violencia brutal con la que actúan y, en consecuencia, la erosión del tejido social.

Ejemplo de ello es el delito de extorsión, que ha evolucionado velozmente en los últimos años. Al igual que una bacteria que encuentra un ecosistema adecuado para vivir, crecer y reproducirse, la extorsión encontró un ambiente propicio, resultado de múltiples factores presentes en cada región de México.

Los criminales encontraron la forma de reducir riesgos y aumentar sus ingresos, pues para ejecutar este delito se necesita una motocicleta, dos personas y, en ocasiones, un arma; si se trata de una extorsión indirecta, basta con un teléfono.

Esto hace evidente el amplio potencial para ejecutar este delito y la facilidad para replicar sus distintas modalidades en cualquier parte del país.

Desde el sector empresarial existe una gran preocupación por el combate a la inseguridad y a delitos que, como la extorsión, alimentan al crimen organizado.

Se está implementando una estrategia nacional encabezada por el gobierno federal, acompañada de una reforma que se venía impulsando desde el sexenio anterior, en la cual vemos una voluntad firme de atender este problema. Sin embargo, actualmente seguimos viviendo una crisis frente a este delito: hemos alcanzado el nivel más alto respecto de periodos anteriores y las pérdidas económicas para las empresas obligan a incrementar costos o, en muchas otras ocasiones, a cerrar.

Hacer votos de confianza por las políticas públicas en materia de seguridad debe ir acompañado de apertura al diálogo, presencia de las autoridades responsables de la seguridad y un presupuesto adecuado para alcanzar los objetivos planteados.

La correcta aplicación de la Ley General para Combatir la Extorsión, acompañada de su homologación en cada entidad federativa, la creación de Unidades Especializadas en las fiscalías locales y la colocación de inhibidores de señal en los centros penitenciarios son tareas fundamentales para comenzar a disminuir los índices de este delito. #OpiniónCoparmex

*Presidente de la Comisión Nacional de Seguridad y Justicia de Coparmex