Las señales habían estado ahí durante meses. La cancelación silenciosa de la visa de Rubén Rocha Moya en 2025, revelada apenas el martes por el periodista Steve Fisher de Los Angeles Times. La visita del embajador Ronald Johnson a Los Mochis, donde lanzó una frase que nadie debió ignorar: “Es posible que pronto veamos avances importantes en este ámbito.” Este miércoles 29 de abril, todo eso cristalizó en algo sin precedente en la relación bilateral: el Departamento de Justicia señala que Rocha Moya y otros nueve funcionarios participaron en una conspiración “corrupta y violenta” con el Cártel de Sinaloa para importar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México hacia Estados Unidos. La Fiscalía alega que su ascenso al poder fue impulsado directamente por Los Chapitos mediante intimidación y secuestro de rivales políticos antes de las elecciones de 2021. Uno de los señalamientos más graves involucra al excomandante Juan Valenzuela Millán, acusado del secuestro, tortura y asesinato de una fuente confidencial de la DEA en octubre de 2023. Eso no es corrupción administrativa. Eso es sangre.
El gobernador respondió que las acusaciones carecen de “veracidad y fundamento”, que serán desmentidas “en el momento oportuno” y que el caso forma parte de una estrategia para violentar la soberanía nacional. Es el guion conocido. El problema es que se desgasta con el uso, y esta vez la acusación no viene de un medio opositor, sino de una corte federal que lleva tres años construyendo el expediente.
Aquí es necesario ser precisos, porque la narrativa más cómoda —la que convierte a Claudia Sheinbaum en protagonista del encubrimiento— ignora deliberadamente a quién construyó el techo bajo el que Rocha prosperó. Fue Andrés Manuel López Obrador, quien fijó las reglas de este juego: desde su “política pública” de abrazos, no balazos su gobierno facilitó y acompañó el ascenso de Rocha, le brindó respaldo expreso ante los primeros señalamientos y diseñó la doctrina de seguridad que, en nombre de la no confrontación, dejó crecer los poderes fácticos en Sinaloa hasta volverlos ingobernables. La lealtad política se pagaba con protección institucional. Eso no lo inventó Sheinbaum. Lo heredó. Hay una diferencia sustancial entre quien construye un sistema de impunidad durante seis años y quien lo recibe como parte del inventario del poder.
Este miércoles, Rosa Icela Rodríguez y Roberto Velasco llegaron a Palacio Nacional para reunirse con la Presidenta. En esa sala, aunque no esté físicamente presente, hay un fantasma que pesa: la herencia de seis años de complicidad institucional que ella no diseñó, pero que, si no deslinda, terminará siendo suya. La respuesta más inteligente consiste en separar con nitidez tres planos hoy peligrosamente fundidos: el de la soberanía —legítimo y defendible—, el de la impunidad —indefendible— y el de la lealtad heredada —un lastre que no tiene por qué ser suyo—. Significa sostener que México no extraditará bajo presión unilateral, pero también que la FGR investigará con autonomía visible y no fingida, sin los pudores políticos que convirtieron el caso Cienfuegos en archivo muerto.
La gran oportunidad de Sheinbaum es usar esta crisis para marcar distancia real con la parte más oscura del obradorismo. No para traicionar al movimiento, sino para salvarlo de sí mismo. Porque la pregunta que tarde o temprano le harán los mexicanos no será geopolítica. Será una pregunta de legitimidad básica: porque todo México sabe que López Obrador tejió este nudo. Sheinbaum tiene todavía la posibilidad de deshacerlo. La pregunta es si querrá y podrá intentarlo con las herramientas que posee desde el Estado mexicano.