Guadalupe Taddei se fue el lunes y los 10 consejeros que quedan no lograron ponerse de acuerdo ese día sobre quién presidiría el instituto. Al día siguiente eligieron a Blanca Yassahara Cruz García como presidenta provisional por tres o cuatro semanas, en lo que la Cámara de Diputados designa a quien ocupe el cargo en definitiva. Lo primero que hizo Cruz fue frenar la entrega de contratos y ordenar que se revisen los vigentes y los perfiles de quienes llegaron con Taddei. Prometió algo que dice más del instituto que cualquier boletín: “Para mí no es una posibilidad usar los súper poderes, todo debe salir por unanimidad o, si no, por amplia mayoría”.
Los súper poderes existen. Una reforma concentró en la presidencia del INE el nombramiento de los titulares de áreas clave, sin pasar por el Consejo General. Carla Humphrey lo dijo sin rodeos: “En 90% de los casos ni siquiera sabíamos quiénes eran”. Uuc-kib Espadas fue más lejos: los consejeros no tienen “ni la más remota participación en la administración del instituto”. Ahí estaba el problema. Un órgano colegiado de 11 integrantes acabó administrado como oficina de una sola persona, y un proveedor amigo de la familia supo aprovechar el atajo.
El martes renunciaron tres funcionarios. Uno es Mario Burciaga, director de Recursos Materiales y Servicios, el área que maneja los contratos. Presuntamente es el funcionario al que el contratista le dictaba en un audio quién debía ganar la licitación de 1,100 millones. Los otros dos son Iliana Rodríguez Gómez, de la Unidad de Género, y José Alberto Pérez de Acha, de Servicios de Informática. Según versiones de prensa, los tres llegaron por recomendación de José Alfredo Hernández Casillas, el contratista consentido de Taddei. Ese mismo día el PAN presentó una denuncia de hechos ante la FGR.
En San Lázaro, en cambio, la Jucopo pisó el freno. Habrá un borrador de convocatoria que las bancadas revisarán durante la semana, sin fecha para llevarlo al pleno. La mayoría rechazó las propuestas de Movimiento Ciudadano, incluida la de revertir los súper poderes. En los pasillos de la oposición se teme que la pausa se vuelva permanente. Monreal ya advirtió que si no hay mayoría calificada la Constitución manda a la insaculación. Otra vez la tómbola.
Algo de lo hecho esta semana sirve. Congelar contratos, sacar a los mandos señalados y comprometerse a decidir en colegiado son pasos correctos. Pero dependen de la buena voluntad de una presidenta provisional que tiene sus propias preguntas pendientes. Ya le preguntaron por contratos de empresas de Hernández Casillas durante su gestión en el instituto electoral de Puebla, y respondió que pueden revisar su trayectoria. Que la revisen, entonces, y que el resultado se haga público.
Lo que urge es otra cosa. Hay que devolverle al Consejo General la facultad de nombrar a los titulares de las áreas, porque una promesa personal dura lo que dura quien la hace y el atajo hay que borrarlo de la ley. Hay que ordenar una auditoría externa de todos los contratos firmados desde 2023, con proveedores, montos y procedimientos publicados. Y hay que sacar ya una convocatoria con fecha y con un Comité Técnico de Evaluación integrado por perfiles sin militancia. Si los partidos vuelven a fracasar y acaban sacando un nombre de la urna, el problema ya no será de Taddei.
¿Por qué con tanta prisa? Porque faltan poco más de 220 días para una elección con 17 gubernaturas y 500 diputaciones en juego. La legitimidad de un árbitro electoral se mide la noche en que el perdedor acepta el resultado. Esa costumbre tardó 30 años en formarse y hoy depende de que la Cámara no deje correr el reloj.
Jorge Romero lo dijo afuera de la FGR: no hay manera de entrar a una elección con la más mínima duda sobre la autoridad electoral. La credencial que guardamos en la cartera no tiene militancia ni partido: ésa justo ha sido la gran legitimidad del INE. Quien llegue a presidirlo, tampoco debería tenerlos.