Hugo y Lenia: primera prueba

La elección judicial del pasado domingo dejó un resultado que sorprendió a muchos: Hugo Aguilar Ortiz, abogado de origen mixteco, aventajó a Lenia Batres Guadarrama en la carrera por la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Mientras Aguilar celebra su triunfo, la reacción pública de Batres —quien aspiraba a consolidarse como “ministra del pueblo”— no pasó desapercibida: una mezcla de decepción y resistencia que algunos interpretaron como un berrinche ante la derrota. Pero más allá del drama mediático, el triunfo de Aguilar y el malestar de Batres abren un debate sobre el sentido mismo de la reforma judicial y el espacio de interpretación que queda para la ley.

La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, fue clara: la presidencia de la SCJN corresponde a quien obtenga el mayor número de votos, según lo establece el artículo 94 constitucional. “No hay espacio para dudas ni para manipulaciones; la certeza y la confianza en los resultados es nuestra principal prioridad”, afirmó. La norma es literal: “La Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá de nueve integrantes, ministras y ministros, y funcionará en pleno. Su presidencia se renovará cada dos años de manera rotatoria en función del número de votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva, correspondiendo la presidencia a quienes alcancen mayor votación”. Incluso, el artículo decimosegundo transitorio de la reforma constitucional relativa a la elección judicial aclara que se derogan las disposiciones que sean contrarias a dicha reforma, eliminando cualquier ambigüedad sobre la forma de elección de la presidencia de la SCJN.

La literalidad de la ley no deja margen para interpretaciones caprichosas. La presidencia de la Corte no será por cuota de género ni por preferencia política, sino por mayoría de votos. Y, en este caso, Aguilar Ortiz obtuvo más sufragios que Batres, con una diferencia de alrededor de 200 mil votos, según los cómputos más recientes del INE. La ley es clara, pero queda el reto de su aplicación y de la aceptación de los resultados por parte de todos los actores, especialmente de quienes se sienten desplazados de los espacios de poder.

La comparación entre los perfiles de Hugo Aguilar y Lenia Batres es reveladora. Aguilar, originario de la región mixteca de Oaxaca, es abogado con una sólida trayectoria en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Ha trabajado como coordinador general de Derechos Indígenas en el INPI, asesor del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y consultor de organismos internacionales. Su propuesta es la de una justicia más accesible, cercana a las comunidades y alejada de los formalismos tradicionales. Lenia Batres, por su parte, proviene de una familia emblemática de la izquierda, con una trayectoria política y académica vinculada a Morena y a la llamada “Cuarta Transformación”. Fue designada ministra por López Obrador y ha defendido una visión de justicia social, acceso y austeridad. Ambos perfiles representan visiones distintas del proyecto de justicia que quiere el país, pero solo uno puede presidir la Corte.

El triunfo de Aguilar es, en sí mismo, una prueba de fuego para la nueva justicia. No sólo porque es el primer presidente de la Corte electo por voto popular y de origen indígena, sino porque ahora deberá demostrar que la literalidad de la ley es suficiente para garantizar la independencia y la legitimidad de la SCJN. El reto es doble: consolidar una justicia que responda a las demandas de la sociedad y evitar que la presidencia de la Corte se convierta en un botín político.

En conclusión, la elección judicial puso sobre la mesa el peso de la literalidad de la ley y el espacio de interpretación que queda para la reforma. Hugo Aguilar Ortiz asume la presidencia de la Corte con el mandato de la Constitución y de la mayoría de los votos, mientras Lenia Batres deberá aceptar la derrota y encontrar su lugar en la nueva configuración del Poder Judicial, y esperar dos años para volver a aspirar a la Presidencia de la Corte. La primera prueba de la nueva justicia y de la nueva SCJN ya está en marcha: demostrar que la ley se cumple, que la democracia judicial es posible y que la Corte puede ser, realmente, la casa de la justicia para todos.