El INE no llegó solo. No fue un decreto benevolente ni una concesión graciosa del poder. Fue el resultado de décadas de lucha, de fraudes documentados, de elecciones robadas, de ciudadanos hartos de que su voto valiera lo que el partido en turno decidiera que valía. Fue Cabal Peniche y la caída del sistema. Fue 1988. Fue la construcción lenta, dolorosa y disputada de un árbitro que nadie pudiera llevarse en el bolsillo. Por eso lo que ocurre hoy en San Lázaro no es un trámite legislativo. Es una prueba de carácter.
Hoy se definen las tres consejerías vacantes del INE, en medio de una intensa disputa política por la imparcialidad del árbitro. El proceso lleva semanas acumulando señales de alarma. Entre los aspirantes se encuentra Arturo Chávez López, director de Talleres Gráficos de México, nombrado en ese cargo por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien a pesar de contar con experiencia limitada en materia electoral obtuvo calificaciones casi perfectas en el proceso de evaluación. Para el INE, argumentó sin pudor, su trabajo sí es relevante: la empresa imprime boletas. Por ese razonamiento, el chofer del camión que las transporta también califica.
El coordinador de los diputados panistas, Elías Lixa, calificó el procedimiento como “inverosímil” y sostuvo que estuvo marcado por decisiones poco claras, señalando que uno de los momentos más controvertidos fue la eliminación de varios aspirantes en una reunión nocturna, sin que se explicaran los criterios utilizados. Lixa sostuvo que “casualmente” el proceso “se fue acomodando para que dos perfiles con absolutos vínculos con el gobierno acabaran cada uno en quintetas distintas, para no competir entre sí”. La casualidad, en política, tiene apellido.
La exconsejera Dania Ravel lanzó una advertencia: si las designaciones se realizan sin consenso entre fuerzas políticas, como ocurrió en 2006, podría abrirse una crisis de legitimidad electoral. El punto central, explicó, es la confianza en el árbitro: si la ciudadanía percibe que el INE responde a una solo partido, la credibilidad del proceso electoral se debilita desde el inicio.
Aquí Morena debe pensar en sí mismo desde el futuro. El PRI construyó durante décadas una arquitectura electoral a su medida. Controlaba al árbitro, contaba los votos, decidía los resultados. Y esa arquitectura terminó siendo la trampa que lo atrapó a él: cuando el sistema se volvió insostenible, no tenía legitimidad ni las instituciones para sobrevivir la transición. El fraude, a largo plazo, no protege al que lo comete. Lo pudre.
Morena tiene mayoría calificada. Puede, técnicamente, imponer a quien quiera en el Consejo General. Para ser aprobados los nuevos consejeros se requiere el voto de las dos terceras partes, y el acuerdo depende del pacto entre Morena, PT y PVEM. Que pueda no significa que deba. Cada consejero colocado a modo es una deuda que se paga con intereses: en la siguiente elección competida, en la siguiente crisis de resultados, en el momento en que la ciudadanía decida que ya no confía. Y una fuerza política que pierde la confianza en sus propias instituciones electorales no pierde sólo una elección, sino el relato de que vino a cambiar las cosas.
Ante la posibilidad de no alcanzar consenso, la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, advirtió que un nombramiento realizado sin el acompañamiento de todas las fuerzas políticas podría restar legitimidad a los nuevos consejeros. Tiene razón, aunque la ironía no pase desapercibida: es diputada del PAN, el partido que durante años fue cómplice o víctima del mismo sistema que hoy dice defender. La democracia electoral mexicana se construyó a pesar de todos los partidos, no gracias a ellos.
Honrar al INE no es un acto de nostalgia ni de oposición refleja. Es reconocer que la autonomía del árbitro es uno de los pocos activos que México tiene para garantizar que el poder se transfiera sin sangre, sin crisis y sin que nadie tenga que salir a las calles a disputar un resultado. Eso vale más que tres consejeros a modo. Vale, incluso, más que la siguiente elección.