Rubén Rocha Moya duró 34 horas de regreso. Volvió el 21 de agosto, tras 112 días de licencia, y para el sábado, con Morena deslindándose y la Presidenta diciendo que se enteró por redes sociales, pidió otra, ahora indefinida. El martes, con 31 votos a favor y seis en contra, el Congreso local designó a Graciela Domínguez Nava para terminar el periodo constitucional que concluye el 31 de octubre de 2027. Tomó protesta a las nueve de la mañana y dijo que el momento exige honestidad, que gobernará sin convertir al gobierno en patrimonio de ninguna persona ni de ningún grupo. La frase es buena. También es la única parte del asunto que dependió por completo de ella.
Domínguez nació en El Rosario en 1976 y es socióloga por la Universidad Autónoma de Sinaloa, dato que allá nunca es neutro. Militó en el PRD hasta 2013, fue diputada local, se pasó a Morena y en noviembre de 2021, con la llegada de Rocha, se convirtió en secretaria de Educación Pública y Cultura. En 2024 ganó la diputación federal del Distrito 1 y en junio pidió licencia para meterse al proceso interno rumbo a la gubernatura de 2027.
Ahí está lo que casi nadie está diciendo con todas sus letras: al aceptar el interinato se quedó fuera de la elección que quería ganar. El artículo 116 impide que quien supla al titular durante los dos últimos años sea electo para el periodo inmediato. Cambió una candidatura por 14 meses. Puede leerse de dos maneras y ambas son plausibles: o le encajaron la tarea que nadie quería en año electoral, o aceptó el único cargo en el que ya no tiene que gustarle a nadie para conservarlo. Me quedo con la segunda.
La oposición dice que es continuidad y no le falta materia. Fue parte del gabinete, en abril defendió a Rocha frente a la acusación del Departamento de Justicia de EU y en mayo tuvo que aclarar que no pertenece al grupo del gobernador; aclararlo suele ser señal de que hacía falta. Pero la pregunta es qué hace en seis semanas con el gabinete de seguridad y con la Fiscalía estatal. Un discurso se escribe en una tarde; un relevo se ve en el Periódico Oficial. Y conviene ser precisos: Rocha no se fue. Pidió licencia, no renunció, y esa diferencia es la que lo protege, porque conserva el fuero y el fuero es lo que hoy lo separa de la FGR.
Lo de la paz no lo va a resolver, y hay que decirlo sin piedad. La guerra entre Chapitos y Mayos acumula más de 3,500 homicidios desde septiembre de 2024, y el primer semestre de 2026 sumó 640 asesinatos pese a los 20 mil elementos desplegados. El dato que más me impresiona no es de sangre, sino de nómina: Sinaloa terminó 2025 con 1,584 policías estatales, 0.6 por cada mil habitantes contra un promedio nacional de 1.0, y con 965 millones de pesos de presupuesto en seguridad frente a los 4,546 de Sonora. Un estado en guerra que gasta la quinta parte que su vecino en tiempos de paz. Pacificar no está en sus manos. Reconstruir la policía estatal, sí, y puede empezar mañana.
Con la narcocultura la tentación es la campaña escolar o la prohibición de los corridos que Rocha se negó a decretar. No sirve: vuelve al corrido fruta prohibida y a los cantantes mártires. Tampoco sirve el discurso de los valores. Lo que recluta es una nómina que paga mejor y más puntual que cualquier otra, a niños de diez u 11 años. La narcocultura es la estética de un mercado laboral.
Queda lo más incómodo. El caso de Héctor Melesio Cuén cumplió dos años, sigue abierto y está reservado hasta 2030 por seguridad nacional. Su único avance público es la detención, el 19 de agosto, del último testigo presencial con vida, procesado por encubrimiento y falsedad de declaraciones. No por homicidio. El cuerpo fue incinerado al día siguiente del asesinato, algo que la propia FGR llamó contrario a las prácticas de investigación criminal, y la versión del asalto que sostuvo la Fiscalía estatal se cayó tan rápido que costó el puesto a la fiscal Sara Bruna Quiñónez. Todo eso ocurrió en Sinaloa, con funcionarios de Sinaloa, en un gobierno del que Domínguez formó parte. Ahí no puede alegar competencia federal: el estado tiene expedientes, peritajes y nombres. Cooperar no es decir que se coopera, es entregar. Catorce meses son poquísimos para pacificar un estado. Alcanzan de sobra para decir la verdad sobre un solo día: el 25 de julio de 2024.