Fentanilo y vapeadores

La prohibición constitucional —al mismo nivel— del fentanilo y los vapeadores aprobada en la Cámara de Diputados es un ejemplo perfecto de cómo esta Legislatura no se detiene a pensar con inteligencia todas las consecuencias indeseadas de muchas iniciativas que ni son de la Presidenta, sino del expresidente que ya se fue. La equiparación de los vapeadores con una droga que causa una crisis de salud pública en EU no sólo resulta desproporcionada, sino además creará una nueva generación de empresarios millonarios del mercado negro y, por ende, otra crisis de salud que era inexistente.

La historia nos ha enseñado que las prohibiciones absolutas rara vez resuelven los problemas que pretenden atacar. La Ley Seca en EU no eliminó el consumo de alcohol, pero sí creó fortunas criminales descomunales. La prohibición de drogas no ha eliminado su consumo, pero ha financiado imperios del narco. Ahora, al prohibir constitucionalmente los vapeadores, México podría crear su propia versión moderna de Al Capone, pero con sabor a menta y frutas tropicales.

El mercado de vapeo en México no es menor (porque ya estaba prohibido, pero ahora decidieron reprohibirlo). Millones de usuarios, muchos exfumadores que encontraron en los vapeadores una alternativa menos dañina al tabaco tradicional, quedarán sin acceso legal a ellos. Y peor aún: criminalizados. La naturaleza, como el mercado, aborrece el vacío. Este espacio será llenado por un mercado negro que ya se frota las manos ante la perspectiva de enormes ganancias. 

Los primeros beneficiarios serán los importadores clandestinos. La frontera con EU, donde los vapeadores son legales en muchos estados, se convertirá en una ruta dorada para el contrabando. Los mismos networks que hoy mueven productos piratas encontrarán en los vapes un nuevo producto estrella: pequeños, fáciles de ocultar, con alta demanda y con márgenes de ganancia multiplicados por la ilegalidad.

El segundo nivel de beneficiarios serán los distribuidores locales. La prohibición no eliminará los puntos de venta; sólo los volverá clandestinos. Los tianguis, que ya son puntos de venta habituales, se fortalecerán. Las redes sociales y las apps de mensajería se llenarán de vendedores discretos. Los precios subirán; la demanda persistirá. Pero el verdadero peligro viene con el tercer nivel: la producción local clandestina. La relativa simplicidad de los dispositivos y la facilidad para fabricar líquidos incentivará la aparición de talleres clandestinos. Sin controles de calidad, sin estándares de seguridad, sin responsabilidad sobre el producto, estos fabricantes improvisados pondrán en el mercado productos más peligrosos que los que busca eliminar la prohibición.

La ironía es que esta medida, presentada como una victoria para la salud pública, podría empeorar la situación. Los usuarios de vapes no lo dejarán de vapear (se llama “demanda inelástica” y te lo enseñan en Economía 1); sólo recurrirán a productos de dudosa procedencia y calidad súper incierta.

Mientras, los recursos que podrían destinarse a programas de prevención y tratamiento de adicciones se desviarán a una infructuosa persecución de vendedores de vapes.

La equiparación con el fentanilo en la Constitución es, perdón, una soberana estupidez. El fentanilo es una droga que provoca decenas de miles de muertes; los vapes, con todos sus problemas, han sido considerados por múltiples autoridades sanitarias una alternativa menos dañina al tabaco tradicional. Esta falsa equivalencia no sólo trivializa la crisis del fentanilo, sino además sobrecriminaliza el vapeo (y a ver si los nuevos jueces y juezas pueden lidiar con las prisiones preventivas oficiosas que veremos por el delito de vapear).

En naciones como Reino Unido, Nueva Zelanda y otros países han logrado reducir el vapeo adolescente mientras mantienen la opción disponible para fumadores adultos que buscan dejar el tabaco, a través de controles de edad, restricciones de marketing y estándares de calidad. México, en cambio, ha optado por la solución aparentemente más simple, pero más idiota: la prohibición. El resultado es predecible: nuevos millonarios del mercado negro, y un problema de salud pública que, lejos de resolverse, se volverá más impredecible y difícil de controlar. La pregunta no es sólo si surgirán fortunas de esta prohibición, sino cuánto tardaremos en reconocer que el remedio podría ser peor que la enfermedad. Y qué fortuna terminará costándonos a todos resolverla.