La sincronía es demasiado perfecta para ser casualidad, aunque tampoco es posible afirmar que lo fue. El domingo, Claudia Sheinbaum convocó a decenas de miles en el Monumento a la Revolución y lanzó la frase que resumió todo su discurso: “Vienen por unos, luego por otros, hasta que las oficinas de justicia de Estados Unidos se vuelvan el principal elector de México.” Cuarenta y ocho horas después, Los Ángeles Times publicaba que Washington investiga a los gobernadores de Sonora y Tamaulipas, Alfonso Durazo y Américo Villarreal, por presuntos vínculos con el crimen organizado, y que a ambos les fue revocada la visa como parte de las indagatorias.
Hay dos maneras de leer esto. Las dos son incómodas. Y las dos, probablemente, tienen algo de verdad.
La primera lectura es la que Sheinbaum ya articuló antes de que la nota existiera: el Departamento de Justicia de EU se ha convertido en un instrumento de presión política contra un gobierno que no se doblega ante Washington en sus propios términos. Los casos de Durazo y Villarreal se suman al de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa al que el DoJ acusó en abril junto a nueve funcionarios más por presunta cooperación con el Cártel de Sinaloa. Todos son de Morena. Todos son aliados de la Presidenta. La administración Trump designó a los cárteles como organizaciones terroristas, presiona para operar militarmente en territorio mexicano y Sheinbaum lo rechaza invocando la soberanía. En ese contexto, usar la maquinaria judicial como palanca diplomática no es una hipótesis descabellada: es un manual que Washington ha aplicado en otros países con menos pudor del que suele reconocerse.
Pero hay una segunda lectura que la narrativa de la soberanía no cancela. Durazo fue secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal durante seis años. Si hay algo que debería saber un extitular de seguridad nacional es lo que circula cerca de él. El artículo de Los Ángeles Times señala, además, que ambos gobernadores habrían ingresado a territorio estadunidense bajo un programa especial de parole que suele reservarse para testigos cooperantes o personas en situaciones humanitarias excepcionales. Ese detalle, si se confirma, cambia el cuadro por completo: no estaríamos ante funcionarios perseguidos, sino ante funcionarios que negocian su situación legal en silencio mientras sus gobiernos lanzan desmentidos públicos. El colega periodista Steve Fisher sostuvo sus afirmaciones frente a los desmentidos de ambas administraciones estatales. Eso no hace su investigación automáticamente cierta o incuestionable, pero tampoco lo invalida.
La tragedia real no es que EU investigue a gobernadores mexicanos. La tragedia es que México lleva décadas sin ser capaz de investigarlos por sí mismo. Esa omisión sistemática, ese pacto implícito de no ver lo que ocurre en los estados fronterizos, es lo que le entrega a Washington su palanca. Una soberanía que no se ejerce desde adentro siempre termina siendo ejercida desde afuera. Y cuando eso ocurre, el gobierno en turno tiene dos opciones: la primera, revisar con honestidad por qué sus propias instituciones no llegaron primero. La segunda, salir al Monumento a la Revolución a decirle al pueblo que la patria no se vende. Ya sabemos cuál eligió la presidenta Sheinbaum el domingo.
El problema es que las dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo: que Washington use el Departamento de Justicia como instrumento político y que haya gobernadores de Morena que merezcan ser investigados. Eso es lo que nadie en este debate quiere reconocer, porque admitirlo arruina el relato de los dos lados. A la oposición le conviene el escándalo sin el contexto geopolítico. Al gobierno le conviene el contexto geopolítico sin el escándalo. Y al país le urge, desde hace mucho, que alguien haga ambas cosas a la vez: exigirle a Washington que deje de comportarse como árbitro de la política mexicana, y exigirle a Morena que deje de usar la bandera como paraguas. La patria, en efecto, no se vende. Pero tampoco se defiende intentando tapar el sol con el pulgar. Lo que tranquiliza es intuir que la presidenta Sheinbaum lo sabe perfectamente y debe de tenerlo absolutamente calculado en la que sea su estrategia.