Por Rabah Arezki* y Michael L. Ross**
LIBREVILLE/LOS ÁNGELES—África se enfrenta a una de las mayores bonanzas energéticas del mundo. El continente cuenta con aproximadamente 125 mil millones de barriles de reservas confirmadas de petróleo y más de 620 billones de pies cúbicos de gas natural, lo que implica que aún quedan por descubrir enormes yacimientos adicionales. Al mismo tiempo, unos 600 millones de africanos carecen de electricidad en sus hogares, y esta cifra no ha disminuido desde la pandemia de covid-19. Si se mantienen las tendencias actuales, seguirá superando los 500 millones en 2030.
El problema no es geológico, sino político. Cada barril de petróleo que se embarca desde un puerto africano hacia una terminal europea o china es un barril que no se convierte en kilovatios para un hogar africano. Cada contrato a largo plazo de gas natural licuado (GNL) firmado con una empresa de servicios públicos extranjera destina gas que podría estar alimentando un hospital, una escuela o una fábrica africanos. La elección entre exportar hidrocarburos y utilizarlos para electrificar el continente tiene graves consecuencias, pero casi nunca se debate abiertamente. Eso tiene que cambiar.
Los argumentos a favor de las exportaciones de energía son bastante claros. El continente depende en gran medida de las importaciones de alimentos, medicamentos, bienes de equipo y productos manufacturados. Para muchos países productores, las exportaciones de petróleo y gas son la única fuente fiable de divisas. Pero los argumentos a favor del uso interno son igualmente convincentes. Nigeria cuenta con gas natural suficiente para lograr una electrificación de 100 % dentro de sus fronteras, y los proyectos de conversión de gas en electricidad en todo el continente llevan mucho tiempo demostrando su viabilidad técnica.
En teoría, estas dos opciones son económicamente equivalentes. Un gobierno podría exportar petróleo, invertir adecuadamente los ingresos obtenidos y utilizar los beneficios para financiar la infraestructura eléctrica. En realidad, no se ha cumplido ninguna de estas condiciones. Una de las principales distorsiones es la corrupción. En lugar de invertirse en la electrificación, los ingresos procedentes de los hidrocarburos en la mayoría de los Estados productores africanos suelen ser desviados. Nigeria ha generado más de 600 mil mdd en ingresos petroleros desde la década de 1960, al tiempo que registra una de las tasas de pobreza extrema más altas del mundo. Las subvenciones energéticas nacionales constituyen una segunda distorsión. En muchos Estados productores africanos, los consumidores pagan por el combustible y la electricidad mucho menos de lo que cuesta realmente. Estos subsidios son instrumentos fundamentales de la economía política de los “petrostados”: un beneficio difuso que se concede a unas poblaciones que, de otro modo, verían muy poco de la riqueza que, en teoría, se extrae en su nombre.
Las recientes crisis geopolíticas constituyen un tercer factor. La invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia interrumpió unos 80 mil millones de metros cúbicos de suministro anual de gas a Europa, y la guerra de este año en Oriente Medio tensó aún más los mercados del GNL. Argelia se convirtió en 2023 en el segundo mayor proveedor de gas por gasoducto de la UE, aportando 20% de las importaciones, por detrás de Noruega (con 54%) y por delante de Rusia (con 17%). Para los productores africanos, esta ganancia inesperada se ha traducido tanto en ingresos como en cobertura política. Los gobiernos disponen ahora de razones legitimadas internacionalmente para reforzar su orientación hacia la exportación. Aquí hay una amarga ironía. Los gobiernos europeos no sólo gastaron más de 640 mil mdd para proteger a sus ciudadanos de las consecuencias de la crisis de Ucrania en los precios, sino que parte de ese gasto aumentó los ingresos de los gobiernos de los países productores africanos.
Sin embargo, se avecina un momento de rendición de cuentas. No es políticamente sostenible que una población joven, urbana y dependiente de la electricidad se enfrente a cortes de luz persistentes en países que son visiblemente ricos en recursos. Además, la transición energética mundial está reduciendo el margen de maniobra para exportar petróleo y gas a precios elevados a compradores internacionales dispuestos a adquirirlos. Algo tendrá que cambiar. La cuestión es si esto se producirá mediante una reforma deliberada o a través del tipo de mala gestión e inestabilidad que históricamente ha azotado al sector de los recursos naturales del continente.
A los africanos no se les pregunta si preferirían las divisas extranjeras o la electricidad, ni se les informa de qué decisiones se están tomando en su nombre. Este silencio es una elección política, y ponerle fin es por donde debe comenzar cualquier reforma seria.
* Exvicepresidente y economista jefe del Banco Africano de Desarrollo
** Profesor del Departamento de Ciencias Políticas y del Instituto de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la UCLA
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