Hay ideas que nacen muertas y, aun así, logran hacer ruido. La ministra Lenia Batres consiguió, en una sola sesión del Pleno, unir a la oposición, incomodar a su propio movimiento y obligar a la Presidenta a desmarcarse públicamente. Todo por defender la ocurrencia de que en México se les cobre impuestos a las herencias. O dicho sin eufemismos: cobrarle a los muertos.
El origen del episodio es revelador. El pasado 2 de julio, la Corte discutió una contradicción de criterios sobre el tratamiento fiscal de los recursos de las afores que reciben los beneficiarios de un trabajador fallecido. Léase bien: no hablamos de las grandes fortunas dinásticas, sino del ahorro de toda una vida de un trabajador asalariado.
El proyecto de la ministra Sara Irene Herrerías proponía que ese dinero pagara ISR, y fue rechazado por seis votos contra tres; a favor votaron Herrerías, Batres y María Estela Ríos. Fue ahí donde la autodenominada “ministra del pueblo” soltó la frase que incendió el debate: “Lo injusto es que no se graven las herencias y el legado. Una persona recibe un recurso que no provino de su esfuerzo y, en sentido estricto, reproduce desigualdades sociales”.
Lejos de recular, Batres dobló la apuesta. En una videocolumna sostuvo que el único método que tiene el mundo para redistribuir la riqueza es el pago de impuestos, recordó que las herencias tributaron en México desde una ley de 1926 hasta su derogación en 1961, y que 24 países de la OCDE mantienen gravámenes de este tipo. Datos ciertos, sí. Pero la propia ministra citó la cifra que desarma su argumento: en esos países el impuesto representa apenas alrededor de 0.5% de la recaudación fiscal. Medio punto porcentual a cambio de fiscalizar el duelo de las familias mexicanas.
Lilly Téllez acusó que la propuesta venía de Palacio Nacional, que la Presidenta habría pedido a Batres “sondear el nivel de rechazo” a la iniciativa. Desde el PAN, el diputado José Manuel Hinojosa la calificó de robo y doble tributación, recordando que ese patrimonio ya pagó ISR, IVA y predial. Y Diego Garrido lo resumió en una línea eficaz: “Trabajas toda una vida para construir un patrimonio y ahora Morena quiere que tu familia vuelva a pagar por él”.
Pero lo verdaderamente significativo ocurrió dentro del oficialismo. La morenista Paty Armendáriz salió a defender el gravamen como herramienta contra la concentración de fortunas familiares, mientras la Presidenta hacía exactamente lo contrario. “No, no estoy de acuerdo yo con eso”, respondió Claudia Sheinbaum en la mañanera de este jueves, y ante la pregunta de si abriría la discusión legislativa que Batres sugirió, fue tajante: “No abriría ese debate. Es opinión de la ministra y tiene derecho de tener su opinión”. Reconoció que gravar herencias “no es algo extraño” en el mundo, “pero no es un planteamiento que nosotros haríamos”. Traducción política: la Presidenta entendió al instante lo que la ministra no logra ver.
Porque el problema no es teórico. En abstracto, el impuesto sucesorio es materia legítima de debate fiscal; existe en economías serias y tiene defensores respetables. El problema es de contexto, de origen y de tino. Una ministra de la Corte —cuya función es interpretar la ley, no diseñar política tributaria, como ella misma admitió— usando su tribuna para promover un gravamen que nació de la discusión sobre afores de trabajadores muertos, en un país donde apenas una minoría cotiza formalmente, donde la informalidad es refugio de más de la mitad de la fuerza laboral, y donde la desconfianza en el destino del gasto público es endémica. Si la meta es redistribuir, hay caminos más rentables y menos crueles que pararse en la puerta de los velorios con una calculadora del SAT.
La Corte returnó el asunto para fijar el criterio contrario al que Batres defendió. La Presidenta cerró la puerta. La oposición encontró bandera gratis. Y la “ministra del pueblo” quedó, otra vez, sola con su ocurrencia: convencida de que la justicia social empieza por cobrarle a los muertos lo que en vida ya pagaron.