Beryl en la SCJN
Como el huracán Beryl que se forma en aguas cálidas y crece en intensidad día a día, la presión sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación SCJN y particularmente sobre su ministra presidenta, Norma Piña, se intensifica de manera alarmante. El asedio desde el ...

Yuriria Sierra
Nudo gordiano
Como el huracán Beryl que se forma en aguas cálidas y crece en intensidad día a día, la presión sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y particularmente sobre su ministra presidenta, Norma Piña, se intensifica de manera alarmante. El asedio desde el Poder Ejecutivo y Legislativo, lejos de amainar, parece ganar fuerza conforme se acerca el debate de septiembre sobre la reforma al Poder Judicial.
Los vientos huracanados de la política mexicana han alcanzado velocidades peligrosas en las últimas semanas. Trascendidos, rumores y ataques directos se suceden con una frecuencia vertiginosa. El último episodio de esta tormenta política fue el rumor, posteriormente desmentido, sobre la supuesta renuncia de la ministra Yasmín Esquivel y su teórica petición de dimisión para la ministra Piña. Estos “globos de prueba” lanzados al aire mediático no son inocentes: buscan erosionar la credibilidad y la estabilidad de la Corte.
La intensidad de este huracán político no es del todo inesperada. Desde el inicio de esta administración, ha habido una tensión creciente entre el Ejecutivo y el Judicial. Sin embargo, la cercanía del debate sobre la reforma al Poder Judicial parece haber elevado la presión a niveles sin precedentes.
Pero como ocurre con los huracanes reales, esta presión rotunda desde todos los frentes puede tener resultados catastróficos para todos los involucrados. Nadie sale jamás fortalecido de un huracán, y lo mismo ocurrirá con el Poder Judicial, Legislativo y Ejecutivo si insisten en destruir todo a su paso.
El daño potencial a las instituciones democráticas es incalculable. Un Poder Judicial debilitado y desacreditado no sólo pone en riesgo el equilibrio de Poderes, sino que también socava la confianza ciudadana en el Estado de derecho. Un Ejecutivo que se perciba como autoritario y poco respetuoso de la independencia judicial perderá legitimidad tanto a nivel nacional como internacional. Será por eso que López Obrador ayer aclaró que no está pidiendo la renuncia de Piña, Y un Legislativo que se doblegue ante las presiones del Ejecutivo en lugar de actuar con autonomía y como contrapeso, estará renunciando a su papel fundamental en una democracia sana.
Es crucial que todos los actores involucrados reconozcan la gravedad de la situación. La ministra Piña y la SCJN tendrán que mantenerse firmes en su defensa de la independencia judicial, sin caer en la tentación de responder a las provocaciones con la misma moneda. El Ejecutivo, por su parte, deberá moderar su retórica y no mandar a sus legisladores a acaparar los micrófonos en los foros para debatir la reforma, respetando la separación de Poderes, entendiendo que un ataque sostenido a la Corte es un ataque a los fundamentos mismos de nuestra democracia.
El Legislativo tiene una responsabilidad particular en este momento. Los legisladores y lesgisladoras deben abordar el debate sobre la reforma al Poder Judicial con seriedad, objetividad y un genuino interés por fortalecer, no debilitar o dinamitar, las instituciones de procuración de justicia.
La sociedad civil y los medios de comunicación también tenemos un papel crucial. Debemos vigilar, denunciar los excesos y exigir un debate serio y respetuoso sobre el futuro de nuestras instituciones. Por supuesto que una reforma al Poder Judicial es necesaria, pero no necesariamente ésta que proponen, sin debate mediante, es la respuesta “irreductible”.
Como el huracán Beryl, esta tormenta política pasará eventualmente. La pregunta es: ¿qué quedará en pie cuando los vientos amainen? ¿Tendremos instituciones más fuertes y una República más sólida, o un paisaje de devastación institucional del que nos tomará años recuperarnos?
La elección está en manos de todos los actores políticos y de la sociedad en su conjunto. Es hora de bajar la intensidad del huracán, de buscar el diálogo y la construcción de consensos. Sólo así podremos evitar un daño irreparable a nuestra joven y frágil democracia. El huracán Beryl que azota a la SCJN es una prueba de fuego para nuestra madurez política. Esperemos que la cordura prevalezca y que, en lugar de destruir, este episodio nos lleve a construir instituciones más sólidas. El futuro de México depende de ello.
Al escribir estas líneas, Beryl no ha tocado tierra en México, pero sí ha disminuido de intensidad. Se pronostica que tras la categoría 5 que alcanzó entre lunes y martes, llegue en categoría uno a nuestro país. Ojalá ocurra lo mismo con el huracán en el Poder Judicial.