Durante años, en Morena la encuesta fue una palabra mágica. Servía para resolver candidaturas, sofocar pleitos y explicar lo inexplicable: lo decidió el pueblo. Esta vez adquirió una función adicional: impedir que ciertas facturas políticas llegaran a la boleta.
Ariadna Montiel lo había advertido desde finales de agosto: alguien con “cuentas pendientes”, “pasado cuestionable” o “vínculos inconfesables” no tendría candidatura aun ganando la encuesta.
El lunes cerró su maratón de destapes y ayer abrió los cuadernos. Montiel y Citlalli Hernández presentaron las encuestas con las que se repartieron las 17 coordinaciones. En 16 entidades hubo mediciones; San Luis Potosí fue la excepción.
Se puede discutir la fórmula, y habrá quien lo haga con razón. Lo que no puede negarse es que esta vez la dirigencia se sentó a enseñar los números en lugar de pedir fe. Pero la encuesta empieza a funcionar también como aduana reputacional.
Tres estados dicen más que los otros 14: Chihuahua, Baja California y San Luis Potosí. En los tres se lee una victoria de Claudia Sheinbaum operada por Montiel: despegar al partido de la sospecha que más le cuesta, que entre Morena y el crimen organizado hay algo más que coincidencias geográficas.
Chihuahua es el caso más claro. Cruz Pérez Cuéllar obtuvo 8.50 puntos y Andrea Chávez 1.50. El marcador engaña: en opinión positiva quedaron casi empatados. Chávez era la carta de Adán Augusto López y cargó más de un año con la sombra de La Barredora y de Hernán Bermúdez Requena.
López Hernández ha negado conocer las actividades criminales de Bermúdez. No debe trasladarse, sin pruebas, responsabilidad penal a él ni a Chávez. Pero las responsabilidades jurídicas y las cargas reputacionales habitan planetas distintos. A Sheinbaum le bastó con que la encuesta no le entregara un estado fronterizo. A Chávez, además, la dejaron con los atributos ganados y la dignidad intacta. Tras conocer el resultado se declaró “soldado” de Sheinbaum.
Baja California fue más brusca. Julieta Ramírez obtuvo 9.75 puntos e Ismael Burgueño 0.25. La columna Estrictamente personal sostiene que Burgueño, respaldado por Marina del Pilar, ganó la medición y la dirigencia la ignoró.
Pero veamos el calendario. Ayer en que Morena publicó la tabla, el Departamento del Tesoro de EU sancionó a Carlos Torres Torres, exesposo de la gobernadora, y lo señaló como operador político vinculado con El Ruso, del Cártel de Sinaloa. Torres niega cualquier vínculo. El detalle incómodo es que en 2024 el alcalde Burgueño nombró a Torres en Proyectos Estratégicos de Tijuana. Imagine una campaña a gobernador con esa fotografía circulando desde EU.
Julieta Ramírez, sin embargo, no representa una ruptura absoluta con Marina del Pilar: fue su asesora y después su secretaria particular. Por eso Baja California será la verdadera prueba del filtro de Montiel: los “vínculos inconfesables” deben ser una regla, no una frase para una plenaria.
San Luis Potosí cuenta otra parte de la historia. Elí César Cervantes fue nombrado por consenso. Morena irá sin PT y sin Verde, mientras enfrente estará Ruth González, esposa del gobernador Ricardo Gallardo. Hay quien lee la decisión como una forma de escoger un rival cómodo para el gallardismo, pero un partido que renuncia a su socio más útil para no avalar una herencia conyugal está pagando un costo real.
Nada de esto fue gratis. Montiel tiene un partido que no se rompió, que no es lo mismo que pacificado, pero en septiembre alcanza. La dirigencia puede presentar el cierre como un éxito de Sheinbaum operado por Montiel: preservar la cohesión y levantar un cortafuegos.
Una encuesta no lava expedientes. Limpiar una percepción no demuestra inocencia ni culpabilidad. Eso corresponde a fiscales, jueces y pruebas. Lo de La Barredora sigue esperando en un expediente. La escoba ya pasó por tres estados. La báscula, la de verdad, llega en junio de 2027. La pregunta no será solamente quién tiene más votos, sino quién llega a buscarlos sin demasiados fantasmas caminando detrás.