El sábado, Zoé Robledo publicó una frase que debería estar pegada en el escritorio de todo funcionario del sector salud: “Tenemos un promedio de surtimiento de 94%, y ese 6% que falta importa”. La escribió para defender al Instituto y terminó dando la cifra más incómoda de la semana. El propio IMSS reporta que surte recetas a unas 769 mil personas al día. Hagan la cuenta: alrededor de 46 mil derechohabientes salen diario de la farmacia con la receta en la mano y sin el medicamento. Más gente de la que cabe en la Plaza México. Todos los días.
Ese 6% es el que salió a la calle. Desde la noche del jueves 8 hay plantón frente a las oficinas centrales, en Reforma 426, y en una semana las protestas llegaron a Pachuca, Tuxtla Gutiérrez, Oaxaca, Campeche, Querétaro, Ciudad Madero y Paseo Tollocan. En Chiapas y Veracruz, enfermeras y médicos contaron que compran con su dinero el material que el hospital no les da. Para hoy convocaron a marchar del Centro Médico Nacional Siglo XXI a Palacio Nacional, el mismo día de la consulta en la que más de 476 mil trabajadores deciden si aceptan un aumento de 6.8%, cuando ellos piden 10 por ciento. Hay pliego laboral y es legítimo. La consigna que se repite en todas las plazas, sin embargo, es otra: no hay medicinas.
El lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo algo que no siempre se escucha desde Palacio Nacional. Dijo que las demandas son legítimas y que hay problemas con los proveedores, pero también dentro del IMSS, en la distribución. Se lo reconozco. Admitir que el medicamento existe y no llega porque la logística propia falla es más honesto que repetir que todo es culpa del pasado o de las farmacéuticas. Ahora viene lo difícil: demostrar con números que esa admisión cambia algo en el mostrador.
Insisto en la salud porque creo que es, probablemente, el tema más sensible para cualquier gobierno. Una inflación se explica con el contexto internacional y un arancel, con Washington. Nadie acepta contexto cuando se trata de la insulina de su madre o de la quimioterapia de su hijo. La salud se evalúa en primera persona, en una sala de espera, con un número de turno en la mano. Este gobierno, además, se puso la vara muy alta. Heredó la promesa de un sistema “como el de Dinamarca”, vio desaparecer al Insabi y en 2027 arranca el Servicio Universal de Salud con el compromiso de “cero rechazos”. Y 2027, conviene recordarlo, es año electoral.
Ayer por la tarde, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la Ley de Ingresos 2027 con 331 votos a favor y 118 en contra. Contempla 10.6 billones de pesos de ingresos y una autorización para contratar hasta 1.7 billones en deuda interna neta, más 13 mil 500 millones de dólares de deuda externa. Desde Movimiento Ciudadano, Patricia Flores advirtió que el costo financiero rondaría 1.57 billones, mientras la inversión física prevista sería de 1.03 billones. Traducido: pagaríamos más en intereses de lo que vamos a construir. La panista Eva María Vázquez dijo algo con lo que difícilmente alguien puede estar en desacuerdo: endeudarse se justifica cuando el dinero termina en hospitales y escuelas.
Ahí está el nudo. La Ley de Ingresos dice cuánto vamos a deber; el Presupuesto de Egresos, que todavía se discute en San Lázaro, dirá en qué se gasta. El proyecto trae 108 mil 652 millones de pesos más para salud, un aumento real de 10.6% según el CIEP. Ojalá que una parte importante de los nuevos recursos se vaya al sector salud, y que llegue a lo aburrido que la propia Presidenta señaló el lunes: almacenes, rutas de distribución, inventarios que alguien pueda auditar. Los hospitales nuevos lucen en la foto. Los almacenes son los que surten la receta.
Diputadas y diputados tienen unas semanas para decidir si la deuda que votaron hoy se nota en algún mostrador. La van a pagar, entre otros, esas 46 mil personas que mañana volverán a formarse en la farmacia del IMSS. Lo mínimo es que les toque su medicina.