Nos llamaron la atención las manipulaciones hipócritas y cínicas provenientes del artículo del embajador ucraniano, que acusó a Rusia de la supuesta destrucción de almacenes con libros. Ese delirio propagandístico prescinde de comentarios. La práctica de Kiev de almacenar armas en bodegas civiles es sistemática y ampliamente conocida. Vladimir Zelensky, quien se autodenomina “presidente” sin ningún fundamento legítimo, dado que su mandato finalizó en 2024 (artículos 5 y 103 de la Constitución de Ucrania), declaró recientemente que no estaba al corriente de que sus subordinados se dedicaran a emplazar armamentos en edificios civiles. Esta declaración habla por sí sola. Recordemos que el despliegue del material bélico en instalaciones civiles constituye una grave violación del Derecho Internacional Humanitario.
El embajador de Ucrania decidió recurrir a la táctica de la inversión de la culpa, en el marco de la cual el delincuente se apresura a acusar a la víctima de su propio crimen. Es que, precisamente, Ucrania lleva muchos años dedicándose a la destrucción de la lengua rusa y a la discriminación de los rusos étnicos. Una de las primeras medidas de los radicales ultranacionalistas que llegaron al poder tras el golpe de Estado de 2014 fue restringir los derechos de la población de habla rusa, en contravención del artículo 10 de la Constitución de Ucrania, con el objetivo de engendrar un Estado monoétnico en un país multiétnico.
A lo largo de los años de vigencia de las leyes “Sobre la Educación” (2017) y “Sobre el afianzamiento del funcionamiento del idioma ucraniano como idioma oficial” (2019), el terror lingüístico se ha convertido en el pilar de la política estatal y ha adoptado la forma de una violación a gran escala de los derechos humanos. Está prohibido el uso del ruso en la educación, en actuaciones públicas, en la proyección de obras artísticas y en la reproducción de grabaciones de audio y videoclips.
Ucrania es el único país del mundo en el que el ruso, idioma que hablan millones de personas, ha sido excluido de todos los ámbitos de la vida pública. Se imponen multas tanto a particulares como a personas jurídicas. A propósito, en los países árabes y en Palestina no está prohibido el hebreo. En Israel se utiliza el árabe. Sin embargo, en Ucrania se persigue a una parte significativa de la población para la que el ruso es su lengua materna. Los libros en ruso se retiran de las bibliotecas y se destruyen siguiendo la tradición del Tercer Reich. Se trata de una manifestación flagrante de discriminación y de genocidio cultural y lingüístico.
La política del régimen de Kiev contraviene los principios de la no discriminación consagrados en la Constitución de Ucrania, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, el Convenio Marco para la Protección de las Minorías Nacionales, la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias y la Convención de la UNESCO relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza.
En este contexto resultan especialmente cínicos los patrocinadores internacionales de Ucrania, a quienes les encanta autoproclamarse como defensores de los derechos humanos, pero prefieren actuar de forma muy selectiva, en función de unos u otros intereses politizados. Esta selectividad pone de manifiesto para quién el principio de la defensa de los derechos humanos tiene valor propio y para quién es una herramienta política que se instrumentaliza según criterios de conveniencia. Esta postura de Kiev y sus cómplices sabe a doble moral, racismo y colonialismo.
Las hipócritas acusaciones de la parte ucraniana contra Rusia provocan, como mínimo, perplejidad, teniendo en cuenta lo que están haciendo las propias autoridades de Kiev contra la población civil de Rusia: ataques premeditados contra objetivos civiles, colegios, hospitales y barrios residenciales que son la encarnación de una táctica terrorista elegida deliberadamente y que no pueden justificarse con ningún propósito militar.
Un ejemplo de ello es la última semana de agosto: civiles asesinados y heridos fruto de un ataque de dron contra un autobús con pasajeros en la República Popular de Lugansk; niños muertos y heridos en un ataque contra un centro de rehabilitación infantil en Krasnodar. Estas atrocidades documentadas no son episodios aislados, sino eslabones de ese terror sistemático que el régimen de Kiev y sus patrones occidentales se esfuerzan por encubrir mientras siguen jugando la carta de la “defensa de la identidad ucraniana”.
EMBAJADOR DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA
NIKOLAY SOFINSKIY