Las recientes iniciativas presentadas para combatir el delito de despojo representan un paso legislativo indispensable para proteger el patrimonio de las familias. Mientras que una propuesta busca agilizar las investigaciones del Ministerio Público y garantizar la pronta restitución de los bienes a través de una colaboración expedita entre registros públicos y autoridades, la otra iniciativa plantea una necesaria reparación integral del daño que contemple tanto el valor comercial actualizado del inmueble como las rentas no percibidas durante el despojo. Ambas visiones se complementan para cerrar filas ante una problemática que causa estragos en la sociedad.
Sin embargo, aunque estas iniciativas se estén discutiendo en el ámbito de la Ciudad de México, es urgente que medidas de esta naturaleza se repliquen en todo el país. La vulnerabilidad de los propietarios no se limita a la capital. Existen miles de personas que poseen viviendas en municipios alejados del Estado de México u otras entidades y que, debido a los altos costos y tiempos de traslado para ir a estudiar o trabajar diariamente a la ciudad, prefieren dejarlas deshabitadas o ponerlas en renta. Esta situación las convierte en blanco fácil para grupos de invasores y delincuentes que se aprovechan de la distancia y de la lentitud institucional para apropiarse de lo ajeno.
Es fundamental actuar con firmeza para que casos dramáticos como el de Doña Carlota no vuelvan a repetirse jamás en ninguna parte del país. Resulta completamente inaceptable que el esfuerzo de toda una vida, el trabajo constante y el sacrificio invertido para construir un patrimonio familiar sean arrebatados impunemente por terceros amparados en la burocracia o en la falta de herramientas legales efectivas. El Estado tiene la obligación de brindar certezas y actuar se atenta contra la propiedad privada.
Garantizar procesos de investigación ágiles y reparaciones económicas justas no debe ser un privilegio exclusivo de la capital, sino un derecho garantizado a nivel federal. La protección al fruto del trabajo de la gente debe ser una prioridad nacional sin espacio para la impunidad.
ISRAEL MARTÍNEZ
ESTADO DE MÉXICO