¿De qué depende el éxito de AMLO?

Esta semana leí el fascinante libro que coordinó el doctor Andrew Paxman, Los Gobernadores: caciques del pasado y del presente, y que a todos recomiendo leer. Una joya. En él, Andrew y otros 11 colaboradores, cuentan la historia de doce gobernadores que van desde Maximino Ávila Camacho (Puebla, 1937-1941) hasta Javier Duarte (2010-2016), pasando por la jefatura de Gobierno de López Obrador en el Distrito Federal (2000-2005).

Las historias tienen un denominador común: explorar las distintas formas en las que el poder estatal ha logrado ganar terreno ante el poder federal sin que ello se traduzca en que los gobiernos estatales sean sujetos a mayor escrutinio público. Así, mientras vemos una profesionalización constante en el gobierno federal (un nivel de gobierno con cada vez más transparencia y más candados para operar conforme a la ley) el gobierno estatal se empodera, sin vigilancia, sin rendición de cuentas y sin responsabilidad.

El hecho de que el partido gobernante no tenga mayoría en el Congreso ha fomentado que el caciquismo y la corrupción de los gobernadores quede impune pues, como argumenta el doctor Paxman, la bancada del partido gobernante prefiere tener una “relación amistosa” con partidos opositores (posibles aliados) y así, usar como moneda de cambio el “mirar hacia otro lado” cuando los gobernadores de otros partidos cometen actos ilícitos. Es decir, en la medida en la que el poder federal se ha vuelto más fragmentado y más dependiente de negociaciones con otros actores políticos, su voluntad por juzgar públicamente a otros actores políticos ha disminuido.

Lo que me lleva a AMLO y a su secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval. Si desean lograr ahorros considerables por medio de la lucha anticorrupción el camino es claro: empezar por los gobernadores.

Van unas cifras: Los malos manejos del dinero público en los gobiernos estatales son un asalto. Cada año, de 2013 a 2017 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha reportado que 4.5% del dinero que reciben los gobernadores de la Federación se “pierde”, o para utilizar el término técnico “no puede ser aclarado o recuperado”. Esto significa que, tan sólo en lo que va de la administración de Peña Nieto, no hemos podido encontrar 145,618 millones de pesos.

La ASF ha mostrado que el corazón del dinero “faltante” está en tres estados: Veracruz (45.2 mil millones), Michoacán (16.8 mil millones) y Chihuahua

(11.9 mil millones). Estos tres estados representan la mitad de los recursos “no comprobados” durante el sexenio de Peña Nieto y, por tanto, son aquellos en los que AMLO pudiera centrar sus esfuerzos. Sólo estos tres estados, y Quintana Roo, han fallado en “comprobar” más del 10% de sus recursos, uno de cada 10 pesos gastados.

Tan sólo en el último análisis de la cuenta pública 2017, que representa una tercera parte del análisis total de la cuenta pública, los estados no han podido comprobar 3,584 millones de pesos. Estos recursos sin comprobar se centran en Coahuila, Tamaulipas y Oaxaca, todos con al menos 431 millones de pesos en situación de irregularidad.

Vivimos un momento crítico para la lucha anticorrupción: El mandato de AMLO es, históricamente, grande. Su mandato se basa en luchar contra la corrupción para crear ahorros que le permitan reducir

la desigualdad. Crear esos ahorros requiere reducir

los malos manejos del dinero público que se concentran en los gobernadores. Atacar a los gobernadores era difícil cuando se dependía de su apoyo o, más bien, del de sus partidos, para crear mayorías legislativas. AMLO no necesita crear una mayoría legislativa porque ya la tiene.

Si la doctora Irma Eréndira y AMLO así lo quieren, este sexenio puede ver una lucha anticorrupción sin precedente histórico. Si no, será una simulación que perseguirá a Morena toda su vida. Que se haga lo correcto. La corrupción no se reduce con voluntades.

Doctora en Gobierno por la Universidad de Harvard

Twitter: @Viri_Rios