Una PGR autónoma no es suficiente

Ya se han vertido toneladas de tinta hablando del caso de la PGR contra Anaya. No es para menos. Una PGR que nos acostumbró a apelar a la “verdad histórica” para explicar un caso, a no resolver la mayoría de los miles de homicidios que se han presentado en el sexenio, y a no encontrar a César Duarte a pesar de que ya se tiene orden de extradicción, de pronto, de la nada, se volvió súper eficiente.

Lo que disgusta no es que la PGR haga su trabajo, sino que nos demuestre que puede hacerlo más rápido y mejor contra quien supone un peligro para el PRI.

Esto, se ha dicho, es evidencia de que necesitamos una PGR (o próximamente una Fiscalía) autónoma y ciudadana en donde el procurador (o fiscal) en turno no sea un empleado del Presidente (o de cualquier otro político), sino un funcionario independiente de los vaivenes partidistas.

Y ello, aunque es cierto y necesario, pero no es para nada suficiente.

Aún una PGR autónoma y con un titular independiente tendría sesgos en sus actuaciones. Los tendría porque su titular, quien fuera que éste fuere, sería un ser humano como todos, con preferencias y valores que lo llevarían a actuar según lo considerara pertinente. Si fuera un pillo, actuaría contra sus enemigos. Si fuera un libertario, contra los que restringen las libertades individuales. Si fuera progresista, contra aquellos que estuviera nafectando más a los pobres.

Yo no tengo duda, por ejemplo, de que la PGR piensa que está haciendo lo correcto. Su pecado no radica en que no esté haciendo su trabajo, sino en que lo está haciendo asumiendo que el crimen más importante que se ha cometido en este país es el de Ricardo Anaya. Su pecado es que ha decidido fijar la agenda de la justicia con base en lo que muy probablemente son sus valores partidistas, no la triste realidad de los gobernadores prófugos, los miles de muertos del sexenio y los miles de desaparecidos.

Ante esto, y sabiendo que los seres humanos, los ciudadanos y los priistas, todos, tenemos preferencias, buenas o malas, justificadas o injustificadas, la única forma de darle a la PGR un carácter verdaderamente neutral y no personalista es evitar que sea un individuo el que elija qué casos serán considerados los más relevantes.

Esto es extremadamente relevante porque en un país en donde la corrupción es sistemática y la impunidad rampante, se vuelve crítico tener mecanismos previamente acordados y automáticos para seleccionar los casos que serán investigados primero. No debe haber poder discrecional para aplicar la justicia, debe haber procesos extremadamente detallados y claros para identificar qué casos se capturarán mayores recursos del sistema de justicia.

Sólo eliminando el poder discrecional del fiscal, priista o ciudadano, es que tendremos instituciones de justicia que utilicen los recursos que tienen para eliminar los crímenes que, colectivamente, hemos decidido que más flagelan a México y no los que más flagelan a los que toman decisiones arriba.

Tan problemático es que el PRI decida cuáles son los crímenes que deben perseguirse con mayor premura, como que sea un individuo o un ciudadano el que lo haga con su criterio. La meta debe ser un sistema de justicia cuyos sesgos sean eliminados debido a que se cuenta con procesos transparentes para evitarlos.

Es imperante resolver el problema de la discrecionalidad del uso de la justicia, no sólo dentro

de la PGR, sino dentro del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). La única forma de evitar que, en un país donde la corrupción es sistémica, se interprete a la lucha de corrupción como una cacería de brujas

es fijar en adelantado y sin injerencia de los titulares, cuáles serán los criterios de selección

de casos a perseguir. La simple autonomía de las instituciones no es suficiente si no se tienen procesos

que eliminen el poder discrecional de quien

está al mando.