No debe ser AMLO, Meade o Anaya
Me rehúso a aceptar, y lo invito a que se una a mí, que el tema más relevante a discutir en 2018 deben ser las elecciones. No debe ser AMLO, Meade o Anaya lo que estemos discutiendo. Debe ser este gobierno y lo que nos ha quedado a deber. Debe ser exigir que no se vaya sin comenzar a resolver que México es hoy más violento y más corrupto que en 2012
Me rehúso a aceptar que los medios centren todo su esfuerzo en cubrir una elección que técnicamente no ha ni empezado.
Me rehúso porque en un país donde cada año 13% de los mexicanos que realizaron algún trámite público reporta que les fue pedida una mordida (Inegi, 2016), en donde son asesinadas 69 personas cada día (SNSP, 2017), y en donde el 7.6% de los individuos no tiene un ingreso suficiente para alimentar a su familia (Coneval, 2016).
Es un privilegio que no debemos darnos.
Ya les regalamos a los partidos seis mil 788 millones de pesos para que hagan campaña en 2018. El dinero que los partidos recibirán será 7.9% más en 2018 que en 2012 (cambio real, ajustado por inflación) (SHCP, 2012-2018). Esto es un incremento de 363 millones de pesos.
No les regalemos, además de eso, todo nuestro tiempo y pluma.
La discusión crítica a tener en 2018 es sobre Enrique Peña Nieto, el Congreso federal y los gobernadores de las ocho entidades que dejarán el cargo. El tema es claro: ¿Qué harán en este año para dar resultados?
Es por ello, querido lector, que lo invito a que exijamos, tanto a la clase política como a los medios, que el foco sigan siendo nuestros gobernantes. Exigir que nos cumplan.
El foco no debe ser Meade, y mucho menos su esposa. Alguien debe incrementar el nivel de debate de la precampaña a Meade porque, claro, uno pensaría que ya no estamos en los noventa, pero cuando vemos que distribuyen fotos de la esposa haciendo labores domésticas en preparación para el Año Nuevo para atraer simpatías, pues uno tiene que volver a checar el calendario.
El foco no debe ser AMLO ni sus múltiples declaraciones. Al respecto, al señor López Obrador hay que pedirle que sea tan explícito como lo fue en Washington sobre sus políticas económicas, y no tan burdo como lo fue en Guerrero, cuando se le ocurrió una terrible idea en materia de seguridad.
¿Por qué todo México se ha condenado voluntariamente a discutir lo que harán los que nos gobiernen (futuro), y no lo que hacen los que nos gobiernan (hoy)?
Urge crear un Estado de derecho en México, y no podemos detenernos todo 2018 para “pensar cómo hacerle”. Debemos hacerlo.
Urge reducir la violencia. Todo indica que 2017 terminará con 25 mil 334 homicidios, 23% más que 2016 (SNSP, 2016), y con una Ley de Seguridad Interior que se vende localmente como un antídoto a la violencia, pero que se ha criticado internacionalmente como lo que es: una ley que nos permite cómodamente seguir dependiendo del Ejército, porque no podemos mejorar nuestras policías.
El Ejecutivo no puede dejar el cargo sin antes promover una Ley de Adquisiciones Públicas, una Ley de Obra Pública, y la revisión del fuero, para acotar la impunidad.
Se debe reestructurar la Comisión Nacional de Seguridad para descentralizarla y darle facultades. Se debe volver un mantra el que nunca, nunca más, algún policía diga en la encuesta anual de Causa en Común que lo obligan a comprar sus propias botas.
Urge también reducir la corrupción. La Auditoría Superior de la Federación ha identificado que existen al menos 51 mil millones de pesos, cuyo uso no ha podido ser aclarado o justificado por los gobiernos estatales, esto sólo en 2016 (Cuenta Pública, 2016). A la par, el porcentaje de mordidas que se nos piden en lugares como Morelos ha subido de 7.7% a 20.1% (Inegi, 2013-2016).
Atrapar a los gobernadores corruptos es un éxito, pero el éxito final sólo vendrá si el Sistema Nacional Anticorrupción opera de forma independiente de las voluntades políticas del Ejecutivo. Sigue pendiente una reforma constitucional que lo permita. Esto requiere que el fiscal Anticorrupción sea independiente, y que se designe a los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
También falta un auditor federal, y una Ley General de Archivos que permita organizar información pública y transparentarla.
