Ingreso Básico Universal para México, ¿se puede?

El IBU es una política pública que busca sustituir programas sociales ineficientes, operativamente costosos y frecuentemente duplicados, por una sola transferencia monetaria, fija y automática que se hace a todos los ciudadanos, independientemente de su ingreso. Debido a que se implementa en conjunto con impuestos progresivos, el resultado es que, para los más ricos, la transferencia monetaria del IBU representa sólo un “reembolso” muy pequeño de los impuestos que pagan. Para los más pobres, en cambio, el IBU representa un subsidio importante a su ingreso, una transferencia que los mantiene por arriba de la línea mínima de bienestar económico.

Como economista y académica, encuentro muchas virtudes en el IBU y lo apoyo, siempre y cuando se implemente de forma adecuada.

¿Esto qué significa? Significa encontrar una manera de resolver sus tres principales críticas, las cuales son: (a) que el IBU desmotiva a la gente a trabajar, (b) que desmantela al Estado, y (c) que es incosteable.

La primera crítica, de la derecha conservadora, es simplemente falsa. Existe amplia evidencia (véase Banerjee, et al, 2015 ) de que cuando las personas reciben transferencias monetarias incondicionales, éstas no dejan de trabajar. Por el contrario, la gente tiene la posibilidad de emprender (creando negocios propios, y por tanto más empleos).

La segunda crítica, típicamente de la izquierda, es cierta si el IBU se convierte en una política extrema que sustituye todas las demás labores del Estado. El IBU puede reducir al Estado a un papel de simple “administrador de subsidios”, sin dejarle presupuesto para proveer otros servicios públicos necesarios. Ciertamente, la única labor del Estado no es eliminar la pobreza, y aún si lo fuera, la pobreza no es sólo una cuestión monetaria. El Estado existe para proveer bienes que, por su bajo o nulo retorno económico, las empresas privadas no quieren proveer. Por ello, aun si la gente tuviera dinero, el mercado privado probablemente limitaría la provisión de bienes necesarios para el desarrollo como servicios de salud especializados, obras de infraestructura con retornos de muy largo plazo o inversiones tecnológicas de alto riesgo económico a cambio de beneficios puramente sociales.

La tercera crítica, hecha por los pragmáticos, es cierta… hasta hoy. Dadas las finanzas públicas actuales, en las que se exentan millones de impuestos a los más ricos (15 mil millones de pesos para tan sólo 15 empresas reconocidas por Fundar), se permite el robo descarado de recursos públicos (se calcula en 22 mil millones) y se tiene a menos de la mitad de la población pagando impuestos, no alcanza para un IBU.

¿Cuánto costaría que todos los mexicanos tuvieran un IBU que les permitiera alimentarse? El ingreso ponderado (34% rural y 77% urbano) necesario para alimentarse en México es de  mil 372 pesos por mes. Sólo el 10% de los individuos más pobres no lo cubre, faltándoles 149 pesos al mes (una vez consideradas transferencias privadas como remesas y regalos de otros hogares). Otorgar ese dinero, dejando al resto del 90% de los mexicanos tablas (con impuestos menos transferencias = 0) costaría 7.3 billones de pesos. El presupuesto actual es de 5.2 billones. Es decir, nos quedamos muy cortos, sobre todo considerando que mucho del presupuesto tiene que guardarse para el pago de pensiones, deuda e inversiones en empresas productivas del Estado.

Así, viendo los datos anteriores, lo primero que debe mejorarse antes de hablar de un IBU debería ser el sistema de recaudación de impuestos, creando uno en el que todos paguemos y por ello, paguemos menos. El principal enemigo del IBU (a parte de los economistas ortodoxos que probablemente argumentarán en su contra con base en modelos teóricos que estudiaron en los ochenta) es la falta de una base tributaria amplia. Eliminando la informalidad se lograría un IBU.