“Venimos a quitarnos el chaleco del partido político”, afirmaba una guía de turistas en Tequila, Jalisco, con unas tijeras en la mano. “Nos obligaban a traerlo”, explicó en entrevista tras la detención del alcalde Diego Rivera. La prenda tenía un costo de 250 pesos por guía, y sin ella el gobierno morenista no les permitía trabajar.
Las imágenes revelarían, unos minutos después, a los guías turísticos rompiendo y pisoteando los chalecos guindas; al otro lado de la plaza, mientras tanto, la gente celebraba con un baile surgido de manera espontánea. La detención del alcalde había sido una verdadera liberación para la comunidad a la que extorsionaba, con impunidad, a través de un descarado cobro de cuotas que abarcaba lo mismo a los más humildes servidores públicos que a las grandes empresas tequileras.
El exalcalde Rivera, a quien la Presidenta apoyó durante la campaña —y por quien solicitó a la ciudadanía votar— llegó al extremo de convertir el Museo Nacional del Tequila en su residencia privada, lo que lo puso en el ojo público y aceleró su caída ante las acusaciones por el delito de privación ilegal de la libertad en perjuicio de dos de sus rivales políticos. Los chalecos de color guinda identificaban a quienes habían cubierto las cuotas ilegales del alcalde, y muy pronto se convirtieron en un símbolo de la extorsión durante la administración del morenista.
“Sería muy bueno un gran acuerdo con todos los medios de comunicación: que le bajáramos a la nota roja, ¿no?”, propuso, en conferencia de prensa, una jefa de Gobierno de la CDMX que después alegaría no haber dicho lo que quedó registrado ante las cámaras. “Ni pacto de silencio ni censura”, trataría de aclarar Brugada al día siguiente. “Y son mentiras”, insistiría. “Son mentiras las informaciones que han generado algunos medios de comunicación que han dicho que expresé y que pedí un pacto de silencio ante el tema que estuvimos el día de ayer discutiendo”, trastabilló con nerviosismo. “Todos ustedes estuvieron presentes y en ningún momento hablamos de eso”, advirtió a los reporteros tras el vendaval de críticas a su “gran acuerdo con todos los medios” que recordaba demasiado al que propuso, en su momento, el mismísimo Felipe Calderón. Un pacto que López Obrador había definido, en su momento, como el símbolo rampante de la colusión entre las autoridades y los medios de comunicación.
“A mi compañera, directora de Comunicación Social, se le cayó café y nata”, trató de justificarse el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, tras el vergonzoso incidente en el que permitió que personal a su cargo se pusiera en cuclillas para limpiarle los zapatos. “Esto me tomó por sorpresa y es el momento que ahora se difunde”, prosiguió en un mensaje probablemente redactado por la misma funcionaria a la que se hace referencia.
“A (…), agradezco su gesto. En cuanto me percaté le pedí que no continuara”, explicó a pesar de los videos que lo muestran con las manos en los bolsillos —y aire displicente— mientras alguien más le limpia el otro zapato. “Sin duda, este hecho no representa el actuar institucional de la SCJN ni la forma en que conduzco mi desempeño público y privado”, continuó quien se ha visto cuestionado lo mismo por su equipo personal de trabajo, de 97 asesores, que por la adquisición extraordinaria de vehículos blindados de alta gama o togas bordadas a mano. “Es necesario decirlo”, afirmó a sabiendas de lo simbólico que el incidente de los zapatos resultará no sólo para el resto su gestión sino para la legitimidad del Poder Judicial que ahora encabeza: “No ha habido ni habrá actitudes ni sentimientos de superioridad o de soberbia en mi persona”.
La política, no cabe duda, está llena de símbolos. Símbolos que marcan el final de lo que no será, por su propia falta de ética y eficiencia, más que una dinastía breve. Morena es un gigante con los pies de barro cuyas fisuras, enormes, apenas están comenzando a advertirse.