Para Isabella, con mucho orgullo.
“El pueblo no es tonto”, solía repetir el expresidente Andrés Manuel López Obrador al exponer los errores en la estrategia de sus adversarios. “Tonto es el que piensa que el pueblo es tonto”, concluía con la sonrisita que lo caracterizó durante todo su mandato. La gente confiaba en su líder, y le creía cualquier cosa.
Eran otros tiempos, sin duda alguna. El movimiento era sólido en aquel entonces, y la estructura interna funcionaba como un mecanismo de relojería. La palabra de Andrés Manuel bastaba —lo mismo— para sanar la reputación de un opositor arrepentido que para crucificar a quien se atreviera a cuestionarlo. El pueblo bueno quería un cambio en el gobierno a cualquier precio y se entregó por completo a un líder que supo prometer lo que la gente quería escuchar, en una luna de miel que —por lo visto— duró siete años. La realidad, tras el periodo de las ilusiones, ha comenzado a salir a la luz.
La solicitud de detención de Rubén Rocha Moya fue el primer aviso; la visita del secretario de Seguridad Nacional de los EE. UU., en días pasados, la confirmación brutal de la seriedad del gobierno norteamericano. El vínculo entre la política mexicana y el crimen organizado era un secreto a voces que, hasta hace poco, no se discutía abiertamente; la administración de Trump, en su segundo mandato, ha definido dicha relación como el tema central de la agenda entre las dos naciones. Los detenidos han comenzado a negociar con las autoridades estadunidenses, quienes ahora tienen acceso a información que revela los vínculos criminales de políticos de todos los partidos, desde hace décadas. Información suficiente para negociar, con ventaja, en los acuerdos comerciales que se discutirán en julio; información suficiente, también, para derribar el sistema político mexicano si así les fuera conveniente.
“El pueblo no es tonto”, advertía López Obrador también a quien habría de sucederlo. La percepción de Morena como un movimiento ligado al crimen organizado comienza a generalizarse incluso entre sus propios seguidores, quienes ahora voltean a verse entre sí con desconfianza; la defensa a ultranza del gobernador acusado por los propios delincuentes, mientras se desata una persecución feroz en contra de una mandataria por la destrucción de un narcolaboratorio —así fuera con ayuda extranjera— no hace sino reforzarla ante un segmento de la población cada vez más amplio. Rubén Rocha Moya no sólo es un lastre, sino que se ha convertido en un activo tóxico para el Estado mexicano.
El asunto de Sinaloa no es comparable con el de Chihuahua: la insistencia oficial en esa línea discursiva equivale a lo mismo que dar un salto al vacío. La polarización no funciona cuando lo que se plantea es un juego de suma cero que, esperan, se defina a favor del político más desprestigiado de las últimas décadas, sin darse cuenta que sólo fortalecen los argumentos de quienes han comenzado a denominarlos como un narcomovimiento tanto a nivel nacional como internacional. La presunta traición a la Patria de la gobernadora Maru Campos servirá para distraer la atención pública por unos días, pero al final terminará por fortalecer su capital político; la presión del gobierno norteamericano se incrementará, a su vez, y las solicitudes de extradición contra de las principales figuras de Morena seguirán llegando.
Los índices de aprobación han comenzado a descender, tanto para la mandataria como para el gobierno que encabeza; el “informe nacional” para la defensa de la Cuarta Transformación, anunciado por la Presidenta para el próximo domingo en una inesperada visita a Tabasco, no parece sino un esfuerzo desesperado para lograr unidad en anticipación a lo que, con mucha probabilidad, fue anunciado en las reuniones de alto nivel de la semana pasada. En Palenque, mientras tanto, al parecer se escuchan pasos en la azotea…