Poco después del primer año de gobierno del Ernesto Zedillo y siendo presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Andrés Manuel López Obrador, éste llamó a varios de los militantes perredistas más cercanos. Les dijo: vamos a tener que negociar con Zedillo. Para llegar a gobernar tenemos que ganar elecciones y para ganarlas sólo se requieren dos condiciones. Tener candidatos populares y tener dinero. Para lo primero, haremos encuestas y, si en ellas triunfa el payaso del pueblo, pues él deberá ser nuestro candidato. Negociaré con el presidente que él reconozca nuestros triunfos y nosotros reconoceremos los suyos. Se acabaron las luchas eternas sobre fraudes electorales. Y se fue a negociar.
En el relato que me contó uno de los presentes en esa reunión no incluyó cómo se cumpliría la segunda condición indispensable para ganar elecciones. Pero algo sabemos. Quizá la derrota de AMLO en 2006 lo convenció de que no bastaban los recursos partidarios, corporativos o empresariales. Lo que sí sabemos por cientos de testimonios es que en las elecciones de 2021 Morena se alió con el crimen organizado, especialmente en los estados de la costa del Pacífico, de Baja California Sur a Guerrero, así como el Estado de México, Veracruz y San Luis Potosí. La alianza electoral Va por México presentó el 24 de agosto de 2021, doce semanas después de la elección del 6 de junio, una denuncia formal ante la Comisión de Derechos Humanos de la OEA en la que describía la intervención “quirúrgica”, así se la describió, del crimen organizado a favor de las candidaturas de Morena. Y antes, terminando la elección, los candidatos “derrotados por las ametralladoras”, como dijera Mario Zamora, el candidato del PRI a la gubernatura de Sinaloa, denunciaron la alianza con el narco. En ese año, 102 candidatos fueron asesinados.
La Presidenta se dice sorprendida por las acusaciones y pide pruebas. Vamos: si yo lo sé, ciudadana común, cuantimás ella lo sabe. Lo supo cuando organizó uno de tantos desplegados firmados por las y los gobernadores en apoyo de Rocha Moya: ella y los que firmaron dócilmente encubrieron delitos y a delincuentes. Es entendible que la Presidenta se escandalice: el mito fundador de su partido es una mentira. Ella lo sabe. Pero lo repite. “En 2006 hubo un fraude electoral. López Obrador debería haber sido Presidente desde 2006 y otro México hubiera recibido en 2018…”. Válgame, quería que su mentor se reeligiera por lo menos dos veces. Los juegos mentales de quien acostumbra faltar a la verdad son peligrosos.
La sensación de invulnerabilidad derivada del control que ejercía —y ejerce— Morena en ámbitos cada vez más amplios les hizo reírse de las denuncias de 2021 sobre su hermandad con el Cártel de Sinaloa y similares. Ignoraron las denuncias de las madres buscadoras y organismos pro derechos humanos y se sorprendieron con la solicitud para aplicar a México el artículo 34 de la Convención contra las Desapariciones Forzadas ante la Asamblea General de la ONU. Y se sorprenderán también con el curso acelerado que siguen las denuncias contra la infame destrucción del Poder Judicial de la Federación, así como las interpuestas también ante la OEA por la inconstitucional sobrerrepresentación en el Congreso de la Unión.
Nadie debería sorprenderse. El método AMLO: candidatos populares, aunque fueran el payaso del pueblo, y mucho dinero, habla de un proyecto de poder no de buen gobierno. Y lo han cumplido al pie de la letra. Ahí están Cuauhtémoc Blanco, Cuitláhuac García, Evelyn Salgado. Esa lógica la continúa la Presidenta. Los programas sociales no tienen como función principal una mejora genuina de las condiciones de la ciudadanía. Como lo han documentado la ENIGH y la Ensanut del Inegi, la desnutrición crónica se ha duplicado entre los niños y niñas más pobres y han perdido estatura en los gobiernos de Morena. La función de los programas sociales es básicamente electoral, como se demuestra con la llegada de la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, a la presidencia del partido guinda. No disimulan.
¿Por qué renunciaron Rocha Moya y el (ex) alcalde de Culiacán? Ignoro cuál habrá sido la evaluación que llegó desde Palenque. ¿Amputación de la parte gangrenada para salvar al resto del cuerpo? Me temo que la infección está más extendida. ¿Ceder aparentemente al requerimiento de EU para después alargar burocráticamente el trámite? Lo que sí es que la Presidenta debería revisar el uso de los tiempos verbales. Dijo el 30 de abril: “Si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político”. Lo correcto sería: si no existieran pruebas claras, sería evidente que el objetivo… La Presidenta usa el si condicional, pero afirma categóricamente que no hay pruebas. Ay, esos juegos mentales que hacen traslucir su enojo.