De los creadores de “no fue descarrilamiento, sino movimiento de los trenes” y de “el crimen organizado no refina, sólo procesa combustible”, llega a las pantallas del país el estreno más esperado de la temporada: los Lineamientos para la Protección de los Derechos de las Audiencias, que no son censura, sino acompañamiento supervisado.
En principio, nadie podría estar en contra de los derechos de las audiencias. Que la publicidad no se disfrace de noticia, que existan derechos de réplica o códigos de ética suena muy sensato. El problema surge cuando la protección comienza a exigir que la información sea “veraz”, que no esté “descontextualizada” y que la opinión quede perfectamente separada de la noticia. Esto va a provocar que el periodismo se convierta en una especie de medicamento con instructivo de uso y advertencia de contraindicaciones.
Si los lineamientos son aprobados, un conductor que informe que la economía va mal debería incluir la advertencia: “Opinión. El desempeño económico puede variar según la institución consultada”. Después, al mencionar que aumentó la violencia, otra leyenda ocuparía media pantalla: “Esta información contiene cifras que podrían provocar incomodidad a servidores públicos. Consulte a su defensor de audiencias”. Además, ante un comentario como “la estrategia federal fracasó”, deberá registrarse un mensaje previo señalando: “El siguiente segmento contiene adjetivos. La autoridad recomienda discreción”.
También habrá que distinguir con precisión quirúrgica dónde termina el dato y dónde comienza la interpretación. “El peso cayó 2%” sería información. Explicar que cayó por incertidumbre ante una decisión o una ocurrencia del Congreso sería análisis/opinión. Cada noticia necesitará subtítulos para aclarar qué informa, qué interpreta y qué puede derivar en una queja.
La descontextualización promete momentos aún mejores. Cualquier funcionario podrá alegar que una declaración fue sacada de contexto porque faltaron los 45 minutos anteriores, la gráfica y los antecedentes históricos que explicaran lo que realmente quiso decir.
Luego está la información “falsa”, un concepto peligrosamente cómodo cuando alguien debe decidir qué merece ese calificativo. Una investigación periodística suele comenzar donde termina la versión oficial. Muchas historias que primero fueron negadas, ridiculizadas o calificadas de mentira terminaron por confirmarse meses después. Entonces se podría señalar: “El gobierno niega estos hechos. Consuma esta información bajo su propio riesgo”.
El mecanismo incluye defensorías de las audiencias y la posibilidad de que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones intervenga cuando haya inconformidad con la respuesta del medio. Esa comisión ya no es autónoma; forma parte de la arquitectura gubernamental, por lo que el gobierno se convertiría en juez y verdugo.
Así de ridículos resultan estos lineamientos, como inverosímil es la defensa oficial de que no habrá censura, sino protección, acompañamiento, criterios, recomendaciones, procedimientos y mecanismos que, al final, se traducen en buscar a toda costa evitar esa información tan incómoda para el poder.
“El pueblo no es tonto, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto”, decía recurrentemente Andrés Manuel López Obrador, y lo que se está haciendo con los lineamientos no sólo es abrir el camino a la censura, sino considerar al ciudadano incapaz de distinguir una noticia sin el auxilio del Estado. Curiosa preocupación por un pueblo que sobrevive a promesas de campaña sin que nadie le ponga la leyenda: “exceso de promesas incumplibles”.