Dulce patria, amargas noticias

Mientras la nación se prepara para conmemorar un Grito más de Independencia, resultó que algunos compatriotas ya habían decidido independizarse de la legalidad. Todo comenzó en marzo, con el decomiso de 10 millones de litros de diésel en el puerto de Tampico. Lo que parecía un golpe aislado terminó por revelar una red nacional de complicidades que incluye a marinos, empresarios, funcionarios y exdirectivos aduanales.

Esto no sucedió de la noche a la mañana, se fue gestando desde el sexenio anterior. La ceguera selectiva del expresidente Andrés Manuel López Obrador ante este fenómeno no fue casual, entregarles a las Fuerzas Armadas desde aeropuertos hasta programas sociales, pasando por la construcción del Tren Maya, era como dejar a los niños solos en una dulcería y luego sorprenderse de que les doliera el estómago.

El problema es que cuando se les da tanto poder a las instituciones armadas, sin contrapesos efectivos, es cuestión de tiempo para que los tentáculos del crimen organizado encuentren las grietas. Aunque algunos dirán que, en una de ésas, el tabasqueño no lo vio venir, como tampoco vio venir los conflictos de interés ni las casas ni los hijos prósperos ni las licitaciones sin licitación. Digamos que tenía un punto ciego del tamaño de una refinería. El desfalco, el problema y la corrupción ya era tan evidente que Claudia Sheinbaum tuvo que actuar.

Sin embargo, la Presidenta no sólo declaró enemigos de la nación a los huachicoleros, sino también a los refrescos. Con la solemnidad de una proclama de independencia se decretó que la estrategia para derrotarlos es subirles el precio 87%. Así, según en su lógica iluminada, el mexicano dejará la botella, se pondrá los tenis, comerá espinacas y llegará a los 103 años. Todo gracias a un IEPS patriótico.

El problema es que el consumo per cápita de refrescos se ha mantenido estable durante 30 años, pero la obesidad sigue creciendo; esto deja evidencia que el problema no está en las burbujas, sino en factores más complejos que requieren soluciones más sofisticadas que un simple martillazo fiscal. Aunque, claro, diseñar políticas públicas integrales es complejo y requiere tiempo y hay que evitar la fatiga. Es mucho más sencillo culpar a las bebidas azucaradas de todos los males nutricionales del país, igual que fue más fácil militarizar la seguridad que construir instituciones policiales efectivas.

Desde Palacio Nacional quieren vender la idea de que esta “noble cruzada” para aumentar impuestos a los refrescos no tiene fines recaudatorios (en este momento se puede soltar la carcajada), sino que la gente cuide su salud. Total, si se recauda más de lo previsto, el dinero irá “transparentemente” a un fondo de salud y en México ya se sabe que cuando los gobiernos de la 4T prometen transparencia en el manejo de fondos, la historia nunca decepciona.

No sólo los ciudadanos saldrían perjudicados, sino que hay otros sectores que tendrían un fuerte impacto. Por mencionar uno, las tienditas de la esquina que no viven del presupuesto diseñado desde un escritorio de la Secretaría de Hacienda, sino de sus ventas. Si esa tiendita vende 30% menos porque el refresco resulta más caro, seguramente tendrá un impacto económico y de empleo, y si esto pasa, seguramente el gobierno les recomendará hidratarse… con paciencia.

Este septiembre, entonces, el Grito suena distinto. La independencia se celebra con la revelación de una red criminal de diésel disfrazado, con un impuesto que jura no querer existir y que se cuelga del discurso de salud mientras recorta la economía popular.

BREVE RECESO

Esta columna tomará un receso y regresará el domingo 5 de octubre.