Hay un momento en toda amistad en que una amiga toma a la otra por los hombros, la mira fijamente y le dice con cariño, pero sin anestesia: “Amiga, date cuenta… la estás regando”. En estas semanas, varias encuestadoras asumieron el papel de esa confidente incómoda.
Mientras la Cuarta Transformación celebra hoy dos años de aquella victoria electoral que abrió paso al segundo piso, los números cuentan una historia menos festiva. Diversas encuestas registran una caída en la popularidad presidencial de entre ocho y 10 puntos respecto a mediciones anteriores y hasta 15 puntos frente a sus niveles más altos. No es una crisis terminal; más de un mandatario firmaría con el diablo para tener los niveles de aceptación que tiene Claudia Sheinbaum. Sin embargo, las gráficas cambiaron de modo elevador al de resbaladilla.
La pregunta es qué está empujando esos números hacia abajo. Quizá la mayoría de la gente no sabe que el Banco de México redujo las perspectivas de crecimiento económico; tampoco sigue los reportes de los calificadores internacionales. Lo que sí percibe es que los negocios venden menos, las vacantes escasean y el dinero alcanza para menos cosas. La economía no necesita intérpretes ni requiere conocimientos avanzados de finanzas para sentir los estragos cuando va mal.
Tampoco falta ser analista político para notar las contradicciones que terminan comentándose hasta en la salida de una clase de zumba. El caso de Rubén Rocha se convirtió en un ejemplo evidente. No porque todos conozcan los detalles de las acusaciones, sino porque la defensa automática terminó transmitiendo una idea difícil de ocultar: hay personajes cercanos al movimiento para quienes el beneficio de la duda no tiene fecha de vencimiento.
Algo similar ocurre con los hijos del expresidente. Mucha gente sigue admirando a Andrés Manuel López Obrador y agradeciendo sus programas sociales. Sin embargo, una cosa es la popularidad del padre y otra la paciencia ante los escándalos que rodean a sus hijos. La ciudadanía puede ignorar un par de notas, pero cuando aparecen demasiadas, empieza a preguntarse: ¿no se suponía que los privilegios, los lujos y los juniors eran patrimonio exclusivo de los adversarios de la derecha?
Luego está la reforma judicial. La mayoría de los mexicanos probablemente no podría explicar sus implicaciones constitucionales. Lo que sí entiende es que una reforma presentada como definitiva ahora necesita nuevas reformas para corregir los problemas de la anterior. Vender la medicina milagrosa y después anunciar una segunda dosis porque la primera salió defectuosa, no se oye bien.
La inseguridad tampoco ayuda. Mientras en la conferencia mañanera se habla de la reducción de delitos, millones de personas siguen evaluando la situación con indicadores más sencillos, como si pueden viajar tranquilos por carreteras o usar tranquilos el transporte público.
Cuando todos estos factores empiezan a acumularse, las encuestas terminan reflejándolo tarde o temprano. La lógica indicaría que, para evitar que esto pegue en las elecciones de 2027, la Presidenta y su partido corregirían los problemas de fondo, como combatir la percepción de impunidad y recuperar la confianza. Sin embargo, Morena parece haber optado por la estrategia de “más vale prevenir que perder elecciones”.
Por un lado, avanzaron propuestas para convertir cualquier posible vínculo o apoyo proveniente del extranjero en causal suficiente para anular elecciones. Por otro, impulsaron ajustes que les permitan dejar sembrados a sus incondicionales en el Tribunal Electoral. Traducido al español de sobremesa, más vale que digan “aquí legisló que aquí perdió”.